Sumarian a Stornelli por querer intervenir como fiscal en una causa donde está imputado

Stornelli procesado

El fiscal emblema del lawfare Carlos Stornelli enfrenta un nuevo sumario administrativo por haber intentado intervenir como fiscal en una causa donde él mismo estaba involucrado como imputado con llamado a indagatoria. Se trata de la causa por espionaje ilegal y extorsión que tramitó en Dolores y en el marco de la cual, Stornelli estuvo en rebeldía durante meses.

El Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación, conformado por cinco fiscales, consideró que existen motivos suficientes como para abrir esa investigación interna por un hecho que, si se llegara a considerar como una “falta grave“, podría derivar en la apertura de un proceso de destitución.

El episodio en cuestión está relacionado con un expediente sobre la compra de Gas Natural Licuado (GNL) durante le gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se intentó utilizar para llevar a Comodoro Py una parte del expediente que tramita en el juzgado federal de Dolores, conocido como el “D’AlessioGate“, donde está bajo la lupa una organización paraestatal dedicada a maniobras de espionaje, extorsiones y armado de causas judiciales, y en el que Stornelli está procesado.

La misma metodología se intentó en otra investigación sobre espionaje a Juan José Gómez Centurión.

La apertura del sumario fue firmada por el procurador interino, Eduardo Casal, el 10 de septiembre, y el trámite de la pesquisa fue delegado a un fiscal instructor, que es Adrián Peres. La denuncia de origen fue hecha por el jueza Martín Bava, quien subroga el juzgado de Dolores desde que Alejo Ramos Padilla -quien comandó la mayor parte de la investigación- fue designado como juez federal electoral en La Plata.

Bava señaló que había varios jueces de juzgados federales porteños que habían intentado llevarse a Comodoro Py partes del expediente sobre espionaje que tiene como figura emblemática al falso abogado Marcelo D’Alessio, pero en el que están implicados desde fiscales como Stornelli y Juan Bidone, hasta exgentes de la AFI como Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando Barreiro, y en algunos legajos también la vieja cúpula de la central de espías con Gustavo Arribas a la cabeza, entre otros.

El magistrado advertía que, si bien Stornelli en dos casos había impulsado esos pedidos como “parte de su estrategia defensiva” como “acusador privado” en otro lo había hecho como el propio fiscal de la causa lo que se presentaba como “institucionalmente más grave porque podría involucrar la utilización de atribuciones públicas para ejercer una defensa de índole personal en un proceso judicial“.

Podía ser un modo de asegurarse su propia impunidad, sugirió.

Uno de los casos planteados y analizados por el consejo evaluador es el expediente sobre la compra de GNL y los supuestos sobreprecios, que estaba a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. Este le pidió a Ramos Padilla en noviembre de 2019 que se inhibiera de seguir interviniendo en cuestiones relacionadas a ese tema. El fiscal Stornelli, que intervenía en ese caso, “consintió” ese pedido de Bonadio. Si hubiera prosperado ese reclamo, “habría pasado a ser Stornelli el fiscal de la causa que lo tiene como imputado procesado“, denunció Bava. Es decir, se ubicaba a en un “doble rol“.

Stornelli había sido citado a indgatoria en marzo de aquel año, pero eludió presentarse por más de nueve meses Lo que se investigaba en Dolores sobre GNL no era lo mismo sino, precisamente, anomalías en el manejo de esa pesquisa.

Ramos Padilla había detectado que, entre sus múltiples trapizondas, D’Alessio había aparecido en el caso GNL, de la mano del periodista Daniel Santoro, y declaró como testigo en 2018 en dos oportunidades para aportar información obtenida por presuntos métodos de inteligencia ilegal relacionada con ENARSA (Energía Argentina SA).

En documentos hallados en la computadora del falso abogado había uno llamado “Síntesis investigaciones AFI“, de donde se desprendía que el objetivo era revitalizar la causa GNL porque quedaría golpeada, como sucedió, por un peritaje trucho realizado por el perito David Cohen, quien terminó enviado a juicio por falso testimonio.

Esta semana, casualmente, un nuevo peritaje sobre el tema concluyó en forma unánime que los precios a los que contrató ENARSA se condicen con los de mercado. En su momento, por este tema fueron encarcelados Julio de Vido y Roberto Baratta. El asunto de GNL formó parte de las imputaciones contra el fiscal Stornelli en Dolores, y que Bonadio con su anuencia intentó llevarse a Py.

Otro hecho similar que incluyó en su dictamen el Consejo Evaluador está relacionado con un expedientes sobre inteligencia ilegal contra Gómez Centurión. En poder de D’Alessio se encontró documentación vinculada con esos seguimientos.

En Comodoro Py tramitaba también una denuncia e intervenía Stornelli quien solicitó, a pedido de la AFI (que aparecía entonces involucrada), que Ramos Padilla le mandara lo relacionado con el asunto. El sentido era el mismo: desmembrar la causa de Dolores y que quedara bajo control de Stornelli.

El juez federal de la Ciudad de Buenos Aires Luis Rodríguez anuló el pedido de Stornelli y la Cámara Federal, a través del camarista Mariano Llorens, reprendió al fiscal.

Dijo que se habían verificado “circunstancias concretas que han afectado el adecuado ejercicio de la representación del Ministerio Público Fiscal” en violación al “debido proceso penal” y que se había apartado de la actuación en “defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad“. Lo que se desprende es que lo habría hecho en defensa del interés personal.

Stornelli hizo un descargo intentando justificar su actuación, pero el consejo evaluador sostuvo:

“La integridad de la actuación del Ministerio Público Fiscal pudo haberse visto comprometida si, en el momento en el que el fiscal Stornelli participó en las discusiones sobre la competencia de distintos hechos, tuvo conocimiento de que se le atribuían estos, parte de éstos u otros conexos que eran investigados en una de las jurisdicciones en disputa”.

Además dijeron que hubiera sido recomendable, por mesura, la excusación del fiscal. Ahora el procurador interino Casal le dio 60 días al fiscal instructor para que desarrolle el sumario. Stornelli ya tuvo uno, por faltar a la indagatoria, que terminó en un simple apercibimiento y se extendió por más de ese lapso.

También tiene un expediente administrativo que va de la mano con la causa penal, donde quedó procesado y cerca del juicio oral por intentar hacer una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que intervenía en el caso cuadernos -entre otros- a cargo de Stornelli, y por seguimientos y buscar que el ex marido de su actual esposa, Jorge Castañón, quedara “pegado” a un posible delito, plantándole alguna sustancia ilegal en su valija ya que trabajaba como piloto.

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