La denuncia contra Marcelo D’Alessio y el -reiterado- llamado a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli por parte del juez Alejo Ramos Padilla, comenzó una sutil partida de ajedrez. Tras la declaración del fiscal en rebeldía, luego de haber faltado a indagatoria por cuarta vez, es ahora el Procurador General Eduardo Casal quien debe realizar el próximo movimiento.
En efecto, tras declarar en rebeldía a Stornelli, Ramos Padilla le solicitó a Casal “que, en el marco de su competencia específica como jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y titular del ejercicio de superintendencia sobre todos sus miembros, adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia” del titular de la Fiscalía Nº 4.
De este modo Ramos Padilla pone de manifiesto que, si el obstáculo para que el fiscal de la “causa cuadernos” se ajuste a derecho es por la cobertura propia de su carácter de funcionario judicial, entonces la responsabilidad por su obrar recae en el Procurador General, es decir, el jefe de los fiscales.
Como si le pasara una papa caliente, el juez federal de Dolores, explicó -con gran precisión y detalle- en su escrito dirigido a Casal, en que se fundamenta la indagatoria a Stornelli y la necesidad de realizarla para que el expediente pueda progresar. De este modo, le traslada la tarea de encausarlo al procurador, recordándole que la cuestión está por completo en el marco de sus atribuciones y obligaciones.
Todas las miradas se posan ahora, sobre el silencioso Casal, quien llegó al puesto en noviembre de 2017 cuando Macri logró deshacerse de Alejandra Gils Carbó. Al dirigir la atención al Procurador General, parte del Ministerio Público, la situación de Stornelli deja ser solamente una “cuestión judicial” y pasa a ser plenamente una “cuestión política”, por si quedaban dudas.
Casal ocupa el cargo de manera interina y si aún permanece en el puesto fue por haber tomado medidas favorables a Casa Rosada. Durante la novela de citaciones y faltazos, el procurador se mantuvo al margen y en silencio, respaldando tácitamente el obrar del fiscal que finalmente y por estas mismas acciones y omisiones fuera declarado en rebeldía.
No hay dudas que la actitud de Casal tiene el visto bueno del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, los ojos de la opinión pública lo observan, expectantes, y deberá tomar alguna determinación.
Una de las opciones sería la de suspender a Stornelli, por hasta 30 días, y por la aplicación inmediata, algunas causas como la mediática “causa de los cuadernos” se quedaría sin fiscal, pero retendría los fueros y el suspendido podría continuar negándose a asistir a la indagatoria sin que la fuerza pública pudiera llevarlo a comparecer.
La segunda opción que tiene Casal es la de la promover un juicio político, abriendo un jury que evaluaría si hay elementos para destituir al fiscal. Esto claro está, tendría un costo político considerable, en tanto la oficialista Carrió es una de las principales aliadas y defensores del sospechado Stornelli.
En este caso, el fiscal debería rendir cuentas justamente ante el ámbito de la Procuración, concretamente ante un jury o Jurado de Enjuiciamiento compuesto de siete miembros: uno designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, otro por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos en representación de los abogados y finalmente, dos sorteados entre los fiscales.
Una tercera alternativa es que el mismo Casal le pida a Stornelli que se presente a declarar.
¿Quién es Eduardo Casal?
El actual Procurador General interino, Eduardo Ezequiel Casal, tiene 61 años e ingresó al Poder Judicial en 1977, durante la última dictadura cívico-militar, como empleado del fuero penal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires.
En 1983 obtuvo el cargo de secretario de Juzgado de Sentencia en lo penal, y en 1987, el de secretario letrado de la Procuración General de la Nación. En 1992, ascendió a procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, cargo que tuvo por 25 años hasta que, con la salida de Gils Carbó, le llegó la oportunidad de trepar a la cima.
