En la causa que investiga las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, María Guadalupe Burgos, sobrina del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, admitió que durante 17 años firmó cheques por los pagos de la obra social, que son alrededor de mil millones de pesos mensuales, sin tener ninguna designación, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión y con escaso o ningún control, cobrando un sueldo mensual de 400 mil pesos.
Burgos llegó a su puesto al mismo tiempo que asumía Maqueda en el máximo tribunal. Ahora el juez Ariel Lijo no sólo investiga el funcionamiento interno de la obra social sino las contrataciones, en especial de empresas cordobesas, también con ligazones a Maqueda.
En la causa que se tramita en Comodoro Py participan como querellantes las distintas corrientes de los gremios del poder judicial. El punto básico que puso en marcha el escándalo es que la obra social funcionaba relativamente bien y en los últimos años empezó a no cumplir con sus servicios y, además, entró en una gravísima bancarrota económica.
Dentro de la Corte, Maqueda era el responsable del seguimiento y lo hacía a través de un hombre de su estrecha confianza, Aldo Tonón. Como quedó claro a partir de la declaración de Burgos, también los demás puestos de responsabilidad estaban en manos de familiares o allegados a Maqueda.
Dentro del máximo tribunal, algunos sostienen que, en razón de su edad, Maqueda perdió algo del control de la obra social y eso derivó en desmanejos de todo tipo. Como su voto es hoy imprescindible en cualquier decisión, desde el Palacio de Tribunales tratan de amortiguar el escándalo.
Burgos -quien es sobrina biológica de la esposa de Maqueda- declaró el 7 de abril y relató que entró a la obra social en 2005, al mismo tiempo que su tío. Ante el magistrado, admitió que no tiene formación ni como contadora ni como abogada y que no existió ninguna resolución del máximo tribunal designándola como virtual secretaria de administración.
Como no tenía estudios universitarios, la tuvieron que ubicar en la categoría de subsecretaria, pero ella manejó la tesorería, es decir todos los pagos a los prestadores, médicos, reintegro a afiliados y la totalidad de los movimientos de dinero habituales.
Algunos meses del año la sumatoria se ubicaba por encima de los mil millones de pesos, en otros meses estaba levemente por debajo de esa cifra. Pero siempre se trató de cantidades enormes de dinero, con escaso control porque no había buena documentación respaldatoria, y esto fue uno de los factores que derivaron en la tremenda crisis actual.
En el expediente se percibe la conducción de facto de Maqueda en los altos niveles de la obra social. Su histórica secretaria, Martita, fue directora; su actual secretaria, Maribé Bonucelli, también ocupó un cargo de alto rango; María Guadalupe Burgos firmaba los cheques, mientras que su hermana trabaja en la Corte, al igual que la madre de ambas.
La causa por los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial se inició a raíz de la denuncia de un empleado que sostuvo que se estaban utilizando bienes, en especial celulares y computadoras que fueron adquiridos por la obra social pero los usaban algunos directivos. Además, se menciona la existencia de afiliados de privilegio, que recibían autorizaciones para tratamientos no contemplados por la cartilla, mientras que a la mayoría de los demás afiliados se les negaban esas autorizaciones.
