El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió esta mañana el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, por la millonaria compra de alimentos por parte de esa cartera, al comienzo de la pandemia, que provocó la renuncia de 16 funcionarios.
Además de a Arroyo, el pedido del fiscal alcanza a ex funcionarios de esa cartera y a un grupo de empresarios. La denuncia en un comienzo apuntaba a supuestos sobreprecios, pero el fiscal argumentó que en la mayoría de las contrataciones, los valores ofrecidos fueron semejantes a los precios testigos fijados por la SIGEN.
“No se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”, dice el dictamen de Marijuán citando el caso de los fideos, donde el precio testigo era de $84.39 y el precio adjudicado fue de $84.77 y $85.76).
La denuncia fue impulsada en abril de 2020 por por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, quien además alertó sobre un grupo reducido de empresas que estaban “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.
Marijuán expresó que “no se logró verificar vinculaciones entre esos grupos empresariales”, aunque se detectaron “algunas relaciones familiares en ciertos casos”.
En su momento, el escándalo mediático provocó la renuncia de 16 funcionarios de la cartera. El principal apuntado era Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica.
En su pedido, Marijuán solicitó el sobreseimiento de Gonzalo Calvo, Andrés Gaudino, Marina Erroitzarena, Mariano Manuel Rueda, Cecilia Maria Lavot, Karina Yarochevski, Mariana Noemí Fernández, Andrés Espínola, Patricia Hartenstein, Laura Alonso, Daniel Fernando Arroyo, Eduardo Manuel Assisa, Sebastián Pablo Assisa, Roberto Ricardo Toscano, Federico José Toscano, Víctor Hugo Lusardi y Eduardo Enrique Martínez.
“El estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados”, concluyó en su dictamen.
La definición final estará a cargo del juez Sebastián Casanello, que recibió la causa tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral
