El oficialismo logró en tiempo récord el dictamen favorable para el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según indicó el jefe del bloque oficialista José Mayans, la iniciativa de Sergio Massa está lista para su debate en el recinto y la intención es tratarla el próximo jueves. La CGT volverá a marchar al Congreso en apoyo al proyecto. En tanto, la semana entrante se votarían los pliegos de los 75 jueces, incluido el de la magistrada Ana María Figueroa.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.
Además, establece que quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos, es decir 15 SMVN al mes.
A partir de los 15 SMVN mensuales se deberá pagar un 27% sobre el excedente; entre más de 15 y 36 salarios mínimos, se pagará el equivalente a 3,2 SMVM más un 29% sobre el excedente; entre más de 36 y 60 salarios mínimos, se pagará 10,20 SMVM más un 31% sobre el excedente; entre más de 60 y 84 salarios mínimos, se pagará 17,64 SMVM más un 33% sobre el excedente y para más de 84 salarios mínimos, se pagará 25,56 SMVM más un 35% sobre el excedente.
El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero de ese año, el cual se actualizará el 1 de julio de cada año fiscal. Las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.
Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones en la de Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%.
El presidente del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, ya anticipó que la intención es sancionarlo el jueves 28 de septiembre.
“Es la intención a menos que se enferme alguien, tenemos el quórum exacto y la estrategia de la oposición es no trabajar, osea no dar quórum“, analizó el senador oficialista.
El poroteo de votos ya comenzó y el oficialismo se muestra confiado en que podrá replicar la mayoría que ya se había logrado en Diputados. El único inconveniente es que el número está muy justo, dado que Juntos por el Cambio también replicará la estrategia de no dar quórum ni acompañar la iniciativa. La alianza no firmó el dictamen de comisión.
En tanto, la CGT volverá a movilizarse al Congreso para impulsar el tratamiento en el Senado de la ley. Lo acordó el triunvirato de secretarios generales compuesto por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.
En la “mesa chica” dieron por hecho que se sumarán a la concentración, como sucedió en las últimas ocasiones, las cúpulas de las dos CTA, la de los Trabajadores, que encabezan los docentes Hugo Yasky y Roberto Baradel, y la Autónoma, a cargo del estatal Hugo “Cachorro” Godoy.
Pliegos judiciales y el conflicto con la Corte
Por otra parte, consultado por un periodista, Mayans dijo que también votarían, al inicio de la sesión, los pliegos de los 75 jueces, incluido el de la magistrada Ana María Figueroa, cesanteada irregularmente por la Corte Suprema luego de haber cumplido 75 años el pasado 9 de agosto.
Al término de la comisión de Presupuesto en la Cámara Alta, el legislador formoseño planteó el tema: “No está pedido el retiro del pliego desde el Poder Ejecutivo”, explicó.
“No está pedido ningún retiro de la jueza por parte del Ejecutivo. Tiene despacho y no tiene impugnación ni objeciones. Se va a tratar, por ahora a menos que haya algún pedido formal o algún senador que pida formalmente el retiro del pliego“.
Sobre la injerencia del máximo tribunal, Mayans dijo: “La Corte (Suprema) no puede opinar, porque es parte de la Justicia“.
La votación podría acarrear un eventual conflicto de poderes debido a que la jueza no solamente fue cesanteada por el máximo tribunal, después que sus colegas camaristas no lograran apartarla en el marco de una reunión de acuerdos en Comodoro Py, sino que el lunes pasado los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dúo que integrara junto a ella la Sala I de la Cámara de Casación, reabrieron por unanimidad dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner en las que la vicepresidenta había sido sobreseída: Hotesur-Los Sauces y Memorando de Entendimiento con Irán.
Si el Senado aprobara el pliego el próximo jueves, podría abrirse una crisis institucional entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso (por un lado) y el Poder Judicial (por el otro).
