El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto para limitar el uso de decretos presidenciales, que ahora deberá ser discutido en la Cámara de Diputados y, de ser sancionado, obligará a Javier Milei a enviar sus iniciativas al Congreso.
Tras ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que busca regular y restringir el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei. La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
El resultado cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Milei firmó más de 80 decretos desde su asunción en diciembre de 2023, varios de ellos altamente controvertidos, como el DNU 70/2023, que implicó una profunda desregulación económica modificando o derogando más de 300 leyes.
Este megadecreto fue rechazado por el Senado en marzo, remarcando que una modificación tan profunda de las leyes requiere ser discutida en el Congreso punto por punto, pero permanece vigente porque la Cámara de Diputados aún no lo trató.
En cuanto a la normativa aprobada en el Senado, cabe aclarar que ahora deberá ser tratada en la Cámara Baja, donde se definirá si obtiene sanción definitiva. De ser aprobada, corre el riesgo de ser vetada por Javier Milei. Esto no solo sería un comportamiento antidemocrático por parte del presidente, sino que obligaría a la oposición a alcanzar dos tercios en ambas cámaras.
Cómo votaron los senadores
La votación evidenció un amplio consenso opositor que incluyó a senadores de Unión por la Patria, de la Unión Cívica Radical (UCR), los bloques provinciales y la larretista Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Los 8 votos negativos correspondieron a los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el formoseño Francisco Paoltroni; y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).
Se abstuvieron los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, mientras que se ausentaron al momento de votar los radicales Mariana Juri, Carolina Losada, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez (PRO); y el chaqueño Antonio Rodas (Unión por la Patria).
El proyecto modifica la Ley 26.122, originalmente impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora, que desde 2006 establece que para rechazar un decreto se necesita la impugnación de ambas cámaras, un requisito tan difícil de alcanzar que desde que asumió Milei solo se logró ante el DNU del aumento de fondos reservados para la SIDE.
La reforma incorpora el artículo 1° bis estableciendo que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”. Esta medida apunta a evitar megadecretos como el DNU 70/2023.
El cambio más significativo se produce en el artículo 22, donde se establece que un decreto se considerará aprobado “cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”. Actualmente, basta el voto favorable de una sola cámara para ratificar el decreto.
La propuesta también modifica el artículo 24, indicando que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación“. Además, establece que, rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
Otro agregado importante es el artículo 21 bis, que permite que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”, evitando que se apliquen solo porque están los recintos cerrados.
Cabe recordar que Milei había intentado nombrar a sus candidatos para la Corte Suprema de Justicia por decreto utilizando este argumento. Aunque finalmente la medida no prosperó, puso en relieve la vulnerabilidad institucional que implicaba no tener una norma al respecto.
La batalla parlamentaria ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza y Martín Menem necesitarán al menos un tercio del recinto para blindar un probable veto presidencial.
La reforma, de convertirse en ley, obligaría a Milei a pedir permiso al parlamento para tomar cada medida a través de decretos, limitando significativamente una herramienta que ha utilizado de manera intensiva durante su gestión.
Las intervenciones en el recinto
Durante el debate, la senadora Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante, inició el tratamiento expresando que “los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo guio la reforma constitucional de 1994″.
El senador fueguino Pablo Blanco criticó el “abuso” de esta facultad y cargó que “la Constitución Nacional especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar”.
La peronista riojana Florencia López expresó que “queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen legal de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
El radical bonaerense Maximiliano Abad consideró que “la reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”.
También sostuvo que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”. Martín Lousteau cuestionó que la norma actual permita al Ejecutivo modificar leyes y que “con sólo el silencio” de una de las dos cámaras del Congreso un DNU quede vigente. El senador porteño advirtió:
“Con la ley 26.122 por ejemplo se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático o se puede eliminar la Ley Nacional de Educación, o la Ley de Educación Superior, o la de Protección contra la Violencia de Género, o la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.
El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, argumentó que “se trata de organizar el poder de la República y la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo” y manifestó: “Gobernar por decreto no debería ser más fácil que aprobar leyes, la democracia merece que podamos tener una discusión adulta, un diálogo permanente y que las cuestiones se definan por consenso”.
También aclaró: “No se trata de atar la mano de ningún presidente, es para ahora y para el futuro. Necesitamos devolver al Congreso las facultades que tiene y que verdaderamente se pueda recuperar el federalismo y la división de poderes”.
Anabel Fernández Sagasti, en representación de Unión por la Patria, acusó al Gobierno nacional de hacer uso de una “degradación institucional inusitada” y cargó: “Lisa y llanamente el Poder Ejecutivo de Javier Milei se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”.
Desde el oficialismo, el senador riojano Juan Carlos Pagotto expresó: “Este es un tema recurrente con una arraigarme histórica complicada. De la noche a la mañana hubo un baño de constitucionalidad nunca antes visto la constitución es el marco regulatorio de la vida”.
