El fiscal Rívolo cuestionó a la jueza Capuchetti por centrarse en investigar a la PFA en la causa dedicada a esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del atentado contra CFK, en una decisión que no solo “resulta a todas luces irregular“, sino que también desvía la atención lejos del Diputado Milman.
Este jueves el fiscal federal Carlos Rívolo presentó un planteo en el que acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti de intentar desviar la causa dedicada a arrojar luz sobre la autoría intelectual del intento de magnicidio sufrido por Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022.
Cabe recordar que el hecho derivó en 2024 en el inicio del juicio contra Fernando Sabag Montiel como autor; Brenda Uliarte, como partícipe necesaria y Nicolás Carrizo, en la figura de partícipe secundario.
Sin embargo, también se había iniciado una investigación con la intención de definir quiénes habrían sido los autores intelectuales del ataque, que puso en un lugar central al Diputado Nacional Gerardo Milman (representante del PRO y cercano a Patricia Bullrich).
La semana pasada la jueza decidió reasumir el expediente que ella misma había delegado en el fiscal y que todavía no fue elevado a juicio, aunque desviando la atención lejos de Milman y centrándose en el supuesto papel de la Policía Federal Argentina (PFA), pese a que el tema ya había sido investigado.
Por esto, Rívolo remarcó que la “repentina reunificación” del expediente Milman con el de la Policía Federal “resulta a todas luces irregular” y señaló que no hay ninguna prueba que permita establecer una relación entre uno y otro.
“Los hechos de cada uno de ellos, si bien encuentran un lógico punto de conexión en el atentado, estaban orientados en sentidos distintos, claros y determinados, sin comunidad probatoria entre ambas pesquisas”, subrayó.
Además, le adjudicó a Capuchetti una maniobra para distorsionar el objetivo de la causa. Tal es así, que el nombre del legislador imputado ya ni siquiera figura en la carátula. Para el fiscal, si la jueza quiere analizar la responsabilidad de las fuerzas de Seguridad, debe “extraer testimonios” y mandar el caso a sorteo en lugar de intentar hacerlo ella misma.
“Si Vuestra Señoría entiende, aún sin pruebas ni elementos, que se deben investigar las falencias o irregularidades que habría cometido personal de la Policía Federal Argentina en el cumplimiento de diversas tareas de investigación que le fueran ordenadas por el Tribunal en las horas posteriores al ataque, o alguna otra cuestión, la Magistrada debe ordenar la extracción de testimonios para que sea otro Magistrado, completamente ajeno a los hechos, el que investigue tales sucesos”, explicó.
En este contexto, recordó que la causa está dedicada “exclusivamente a identificar eventuales partícipes y/o autores intelectuales del atentado”, y que “en dicha hipótesis no se incluye, en modo alguno, el involucramiento del personal de las fuerzas de seguridad actuantes”.
Es por esto que deslizó la posibilidad de que la jueza esté intentando hacer “forum shopping” y quedarse con la investigación. El término hace referencia a una violación del principio de imparcialidad por parte de un magistrado eligiendo de forma deliberada un tribunal o juzgado más conveniente.
“El principio de imparcialidad impone actuar el modo indicado más arriba”, enviando el caso a otro juzgado, “para disipar cualquier sospecha de ‘forum shopping’ y, como consecuencia de ello, violar la garantía del juez natural, más aún en un caso de gravedad institucional como la que posee el presente”.
¿Por qué el foco en la PFA?
Días atrás Capuchetti había resumido la investigación del caso criticando a la fiscalía porque “no se ha observado un progreso significativo”, al tiempo que aseguraba que era necesario un “nuevo enfoque” que se centrara en la PFA.
El interés de la jueza coincide con un video publicado en los últimos días por el medio Clarín, en el que se observa un episodio en el que Uliarte habría logrado escapar de una casa en la Avenida Montes de Oca pese a tener una consigna en la puerta con la complicidad de las fuerzas de Seguridad.
Esto motivó a la magistrada a citar a declarar a cuatro efectivos de la PFA que hicieron el sumario investigativo de esas presuntas irregularidades. Sin embargo, Rívolo remarcó en su presentación que el tema ya se había ventilado hace tiempo.
El fiscal indicó que se hicieron “numerosas medidas de prueba tendientes a verificar algún tipo de vinculación y/o participación de todos aquellos funcionarios de las distintas fuerzas de seguridad” que “que estuvieron afectados a los diversos dispositivos de seguridad desplegados en las inmediaciones del domicilio” de Cristina Kirchner que “arrojaron resultado negativo”.
Es que hubo tres sumarios policiales. El primero estuvo dedicado a revisar la actuación de los agentes el día del intento de magnicidio. Luego se realizó otro sobre el infructuoso intento de peritaje del celular de Sabag Montiel por parte de los agentes de Cibercrimen de la PFA.
Finalmente, se realizó un tercer sumario por la actuación de los dos policías del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista que no detuvieron a Uliarte cuando salía del domicilio el 4 de septiembre. Este último es el que comenzó a interesarle a la jueza.
La misma dependencia también se demoró en intervenir su celular. La oficina de escuchas de la Corte avisó que el celular se movía. La chica fue detenida un rato después, por la PFA y con directivas de un secretario del juzgado, en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Los oficiales involucrados tuvieron una sanción de cinco días de arresto.
Al respecto, Rívolo remarcó que los policías cumplían directivas de la jueza y apuntó que se trata de “un hecho temporalmente posterior y distinto al suceso principal y que involucraría a personal policial que nada tuvo que ver con la seguridad” de Cristina Kirchner.
La “pista Milman”
Lo cierto es que la jueza había sido recusada por la querella de la Expresidenta por las numerosas irregularidades en su manejo de la causa. Cabe recordar que la llamada “pista Milman” se abrió el 23 de septiembre de 2022, cuando Jorge Abello (asesor del diputado Marcos Cleri) se presentó ante la jueza asegurando que el Diputado había hablado del ataque antes de que ocurriera.
Según indicó Abello, Milman habría dicho la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa” ante dos de sus asesoras en el bar Casablanca el 30 de agosto, dos días antes de que Sabag Montiel intentara efectuar un disparo contra la entonces Vicepresidenta.
A partir de su testimonio, se llamó a declarar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras en cuestión. Aunque inicialmente ambas negaron la reunión, el material de las cámaras de seguridad desmintió esta versión, y posteriormente reconocieron el encuentro.
En mayo de 2023, Bohdziewicz realizó una nueva declaración, indicando que Milman la había citado al edificio donde funciona el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Patricia Bullrich, para borrar el contenido de su celular.
Según la secretaria, el diputado le había dicho que tras hablar con la actual Ministra de Seguridad, decidieron poner un perito para revisar la información de los dispositivos y evitar que se “filtrara“. Ese 10 de noviembre acudieron al IEES para encontrarse con el perito, quien -según denunció- también manipuló el celular de Milman.
Así, las dilaciones a la hora de requerir los celulares por parte de Capuchetti derivaron en la pérdida de información que habría sido clave para la causa. Milman ya había sido señalado por expresar “preocupación” por la posibilidad de que Cristina Kirchner intentara armar un autoatentado semanas antes de que se produjera el intento de magnicidio.
Algo llamativo es que el 5 de abril Milman dio una entrevista celebrando la actuación de la jueza. “No quiero spoilear a la jueza, pero ella esta semana ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días“, había dicho.
“Pronto se sabrá quien le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, indicó, y comentó que esto permitiría conocer a los “responsables reales” de “entre comillas (sic), el atentado de Cristina Fernández de Kirchner“. Se trata de un testimonio por demás sugestivo.
