Gerardo Morales niega haber reprimido y le atribuye la violencia en Jujuy al "kirchnerismo y la izquierda"

El precandidato presidencial, líder nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, está en la mira de organizaciones sociales, pueblos originarios, sindicatos y del gobierno nacional a raíz de la brutal represión que desató sobre los cientos de manifestantes que durante el fin de semana protestaron por la antidemocrática reforma de la Constitución provincial.

Mientras los cortes de rutas se multiplicaban en todo el territorio provincial, el gobierno de Morales respondió con represión: detuvieron a cerca de 50 personas y hay un número indeterminado de heridos.

El origen del conflicto

Jujuy vive una crisis política a raíz de la intempestiva reforma constitucional que impuso Morales, en la que dos ejes afectan sensiblemente a la población: por un lado, cercena completamente el derecho a la protesta (consagrado en la Constitución Nacional), al tiempo que pone en riesgo a las comunidades originarias, bajo la amenaza de despojarla de sus tierras si allí se encuentran reservas de recursos naturales como el litio. A ello debe sumarse el conflicto docente en la provincia por mejores salarios.

Entre gallos y medianoche, el pasado viernes Morales apuró la aprobación de la reforma, lo que despertó la protesta social en todo el territorio jujeño.

Hubo varios hechos de represión, aunque quizás el más violento fue en Purmamarca, donde hubo disparos de balas de goma, gases y golpes, y fueron detenidas al menos 27 personas, entre las cuales algunas estaban gravemente heridas con disparos en los ojos o la cara. Incluso, un joven de 17 años perdió un ojo por culpa de la represión de la Policía de Morales.

Los cortes de ruta se replicaron en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado y Ledesma con gran cantidad de personas en todos los casos.

Los detenidos en Purmamarca fueron liberados este lunes por la mañana, aunque todos están imputados por los cortes de ruta y hasta podrían terminar en prisión.

Las protestas de pueblos originarios, además, coincidieron con un fuerte reclamo docente por mejoras salariales. Los dirigentes sindicales señalaron el artículo 67 de la Reforma, titulado “Derecho a la paz social y a la convivencia pacífica”, establece limitaciones respecto del modo de protestar en la provincia. En concreto, es una prohibición para protestar, lo que representa una flagrante violación de derechos constitucionales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma constitucional aprobada en Jujuy apela a la “paz social” con el fin de “limitar el derecho a la protesta“.

“El gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional que apela a la paz social para limitar el derecho a la protesta. El texto menciona estándares internacionales de derechos humanos, pero que quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar“, indicó.

En toda la provincia, las protestas encabezadas por los docentes fue creciendo en las últimas semanas en sintonía con el reclamo de otros sectores de trabajadores por aumentos salariales y expresar en conjunto su rechazo contundente a la reforma constitucional.

En solidaridad, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo jueves ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño“, tras la represión policial.

A su vez, funcionarios del gobierno nacional y de otras provincias también repudiaron la brutal represión de Morales.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, expresó:

“Una Constitución que busca imponerse a represión por un Gobierno, jamás puede reunir esas condiciones. Le pedimos al gobernador Gerardo Morales que baje las armas y escuche a su pueblo. De eso se trata la democracia”, junto a un video de la situación vivida en el norte de nuestro país.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó:

“Repudiamos la represión brutal del gobierno de @GerardoMorales a quienes se manifiestan pacíficamente. Miles de personas que reclaman en las calles y rutas son molidos a palos y detenidos por las fuerzas de seguridad de la provincia”, advirtió en una publicación de Twitter.

Al respecto, también se expresaron funcionarios del gobierno de Axel Kicillof. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que “lo que vemos en Jujuy es la precuela de lo que viene a ofrecer la derecha Argentina si es gobierno“.

La ministra bonaerense de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar, también repudió lo que ocurrió en la localidad norteña y responsabilizó al gobernador jujeño:

“Gerardo Morales reforma la constitución sin la participación del pueblo prohibiendo la protesta y reprime a las comunidades originarias y organizaciones sociales que se organizan para protestar contra la reforma”.

Morales el “halcón”

Lejos de reconsiderar su accionar, Morales se jactó de la represión y con ello busca mostrarse “duro” en el marco de la interna de Juntos por el Cambio.

Buena parte del radicalismo -por lo bajo- avala la represión de Morales, como una forma de demostrar que la UCR también está dispuesta a imponer por la fuerza su “cambio” si se encuentra con resistencia de la ciudadanía en las calles.

El escenario no pasa inadvertido entre los socios de JxC. En concreto, es también una forma de disputar el voto “duro” de derecha con Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri.

Señor ministro del gobierno del Frente de Todos, Gabriel Katopodis, ¿a usted le parece que esto es pacífico? Mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes, ¡dejen de joder!”, afirmó Morales en un hilo de Twitter en el que le respondió al ministro de Obras Públicas.

Además, el gobernador jujeño redobló la apuesta: no sólo negó la represión, sino que además afirmó que es un a “campaña” del “kirchnerismo“.

“No a la violencia que genera el Frente de Todos, el Kirchnerismo, La Cámpora, la Izquierda y las organizaciones piqueteras financiadas por el Gobierno nacional!”, apuntó Morales, recurriendo a la ya caduca falacia de mudar culpas a la oposición de “izquierda”.

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