Un nuevo episodio de represión contra jubilados se registró este miércoles frente al Congreso Nacional, donde manifestantes exigiendo aumentos jubilatorios y restitución de cobertura médica fueron rociados con gas pimienta y sufrieron detenciones por parte de fuerzas federales. La protesta contó con un inusual apoyo: miembros de la hinchada de Chacarita intentaron actuar como escudo humano ante la Policía Federal y Gendarmería, sin éxito.
Como ocurre cada semana desde el inicio del gobierno de Javier Milei, cientos de jubilados se congregaron en la plaza legislativa reclamando “salir de la pobreza” y denunciando recortes.
Carlos, uno de los participantes habituales, explicó a los medios que se moviliza “para evitar más ajuste y motosierra”, pero encontró en cambio “represión feroz ordenada por la ministra Patricia Bullrich”.
El operativo de seguridad escaló cuando efectivos lanzaron gas pimienta contra la multitud, abandonando “a su suerte a decenas de personas afectadas por la sustancia”, según testigos.
Jorge, integrante de la barra brava de Chacarita presente en el lugar, criticó duramente los métodos:
“Este hombre podría ser mi papá, mi abuelo, mi tío, y se merece el acompañamiento. […] Yo lo veo de una manera muy cobarde porque pegarle a un jubilado no es pegarle a un joven. Es lo más bajo que puede haber dentro de la política”.
El hincha convocó a más sectores a sumarse:
“Por supuesto vengan de otros clubes, somos todos normales, gente de trabajo, que se convoque para todos los clubes. […] Venimos a acompañar todas las equivocaciones que está teniendo el Gobierno con respecto a los jubilados”.
Las manifestaciones semanales de jubilados se han convertido en blanco sistemático de dispositivos de seguridad que impiden el avance hacia la avenida Callao. Este miércoles se repitió el patrón: cordones de Gendarmería, carros hidrantes y al menos tres detenidos según registros preliminares.
La administración Bullrich mantiene su protocolo de “disuasión activa”, aplicado sin distinciones etarias según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Mientras los jubilados insisten en que “no alcanzan para vivir” los haberes actuales, el Gobierno enfrenta críticas internacionales por imágenes de ancianos sofocados por gases lacrimógenos.
