Lo habían promovido dos dirigentes santafesinos del espacio político de Elisa Carrió. El plan era abrirle una causa penal al presidente por prohibir eventos sociales y familiares en lugares cerrados durante la pandemia de COVID-19. Además, querían que se le aplique la pena que impone el artículo 29 de la Constitución Nacional a los “infames traidores a la patria”.
Los anticuarentena tuvieron el miércoles otro revés judicial, cuando el fiscal federal Walter Rodríguez dictaminó en contra del amparo que promovieron dos dirigentes de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac y Mauricio Amer.
Buscaban que se deje sin efecto el DNU 641 del presidente Alberto Fernández que prohibió “los eventos sociales y familiares en lugares cerrados”, pidieron que sea desestimado por el juez que interviene en la causa, Marcelo Bailaque.
Tenían dos objetivos. Por un lado, una cautelar que declare “inconstitucional” el DNU y suspenda las restricciones. Por el otro, abrirle a Alberto Fernández una causa penal que lo investigue por supuesta “suma del poder público” y le aplique la pena que impone el artículo 29 de la Constitución Nacional a los “infames traidores a la patria”.
Primeramente el fiscal dijo que Julierac y Amer no aportaron ninguna “argumentación lógica” que priorice las reuniones afectivas por encima del “derecho colectivo a la salud pública” y el “derecho subjetivo a la vida”.
En cuanto a la causa impulsada contra el presidente, el fiscal dijo que “los accionantes han omitido considerar que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico para solucionar los conflictos” y que “soslayaron los alcances del régimen legal de los DNU regulados por la ley 26.122”.
El plan de Carrió
El amparo que Julierac y Amer presentaron en el fuero federal de Santa Fe, forma parte de una estrategia de la Coalición Cívica. Lo dijeron desde el mismo partido de Carrió el 6 de agosto.
La operación consistía en “promover acciones de amparos” idénticas en distintas provincias contra el decreto 641. A juicio de este espacio, las “medidas adoptadas (por el decreto presidencial) devienen violatorias de numerosos derechos protegidos por la Constitución”.
Las repercusiones en Bahía Blanca
El concejal bahiense Carlos Quiroga cruzó al senador Andrés De Leo (Coalición Cívica) luego de que este, mediante un amparo y persiguiendo el accionar de su partido, declarara inconstitucional el DNU 641.
En sus redes sociales, el edil del Frente de Todos cuestionó la presentación del legislador y aseguró que no tuvo en cuenta criterios epidemiológicos. Además, dijo que tuvo una “total falta de consideración con las y los trabajadores de la salud”.
https://www.facebook.com/CQuirogaUC/photos/a.1979409812290548/2796198383945016/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQcDVaQJmxQD18KIq7sQI8eu5-mKs5eIuZEj4pFUAiUwAkOxz4J_VdBJ2jBLQocWWK7tUdAdDQ7u0XHwtmP5KMj4TdjCGt3vxmQDq2KGCIBlTsUw44790EpmoktQ8Krp6Y5LXXVFjMBN0n6RWpOJCFB1VDRVwa9NI2Bl-nHb_W_qVNt0y-bo_GyW3gakzYBD-PC_DFBqJrZGlKnTBBxYLnRUqsQd3X5f6Dj34856_kcqSAEUCfGRY9EjRZRzhb96_g3G0xq8d-KQp445anEied4gj8YT9HIIA41glV3vGEclPYAinWq5k42T7pTbLPrycjdgP5oBgTUzagkanFq2WOLZN&__tn__=-R
Quiroga también señaló que el personal de salud continúa arriesgando su integridad física y que De Leo no tiene “ningún respeto por la memoria de los 5.364 fallecidos. Es vergonzoso”.
