La jueza María Servini resolvió procesar a exfuncionarios y empresarios del área de turismo por defraudación en la contratación de una campaña publicitaria en 2016, durante el gobierno del Expresidente Mauricio Macri.
La denuncia fue realizada a la Oficina Anticorrupción por el empresario Gonzalo Yrurtia en 2018. En ese momento, el ente estaba a cargo de Laura Alonso. Sin embargo, la funcionaria macrista no hizo más que pedir informes al Consejo Federal de Turismo. Fue en 2022, con Félix Crous en el puesto, cuando se realizó la denuncia ante la Justicia.
La causa está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal federal Federico Delgado e investiga la contratación de una campaña por más de diez millones de pesos para promover el turismo interno en Semana Santa en 2016 a través de la distribución de pauta publicitaria en las radios.
Asimismo, la irregularidad ocurrió durante la gestión de Gustavo Santos en la Secretaría de Turismo, en el contexto del gobierno del Expresidente Mauricio Macri.
En este contexto, compitieron por la contratación tres empresas: Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad.
Aunque resultó adjudicada Team Media, el proceso fue tachado de irregular por la jueza Servini, quien apuntó que las firmas tenían vinculaciones entre sí y no habría habido competencia entre ellas. Por esta razón, dictó el procesamiento de los imputados:
- César Ovejero (extitular del Consejo Federal de Turismo)
- Claudio Massetti (coordinador del organismo)
- Alejandro Lastra (secretario)
- Fernando García Soria (subsecretario de Promoción Turística)
- Ana Gradín (directora de jurídicos)
- Marcelo Rafael Barrientos (empresario)
- Mauricio Jörgensen (empresario)
Según la resolución, se les imputaron los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se estableció un embargo de 50 millones de pesos para cada uno de ellos.
“El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía“, sostuvo la jueza.
Además, en la resolución se señaló que “omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas”.
