Nueve ex-integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que prestaban funciones en el llamado “Proyecto AMBA”, que fueron procesados por espionaje ilegal por el juez Martín Bava, que subroga el juzgado federal de Dolores.
Se infiltraron en movilizaciones docentes o en marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se hicieron pasar por adherentes a movimientos sociales o anotaron las patentes de los micros que iban a movilizaciones a Plaza de Mayo. Recorrieron comedores o merenderos y relevaron las conmemoraciones del golpe del 24 de marzo. Esas fueron algunas de las tareas que desempeñaron.
Gustavo Arribas, el director de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, puso en manos de un hombre de su confianza, el abogado Pablo Pinamonti, una iniciativa ambiciosa que se conoció como el “Proyecto AMBA”.
Desde su génesis y según consta en la resolución 558 de 2017, estuvo destinado a realizar espionaje sobre actividades políticas, lo que está terminantemente prohibido por la Ley de Inteligencia.
Pinamonti puso en marcha seis nuevas bases en provincia de Buenos Aires, que estuvieron desplegadas en Ezeiza, Quilmes, La Matanza, San Martín, Haedo-Morón y Pilar. Se sumaron a las tres delegaciones que, desde los ‘70, la ex-SIDE tiene en Buenos Aires: las de Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata.
A Pinamonti le reportaron 87 agentes durante el Proyecto AMBA, que se terminó en diciembre de 2017, cuando ya habían pasado las elecciones en la provincia -que tuvieron como victoriosa a Cristina Fernández de Kirchner– y en medio de sospechas de que las bases, en realidad, servían para espiar a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
Por estos hechos, Alejo Ramos Padilla procesó a 17 personas antes de dejar Dolores para asumir al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata: Arribas, Silvia Majdalani, Pinamonti, los excomisarios Daniel Salcedo y Antonio Melito -que oficiaban de coordinadores-, tres abogados que eran laderos de Pinamonti y los nueve jefes de las bases de provincia de Buenos Aires.
Ahora, Bava descendió en la cadena de mandos y analizó lo hecho por los agentes de calle que eran quienes realizaban directamente las tareas de inteligencia ilegal. El juez procesó a siete agentes que cumplieron funciones en la base de Haedo-Morón a las órdenes de la comisaria retirada de la Bonaerense Alicia Nocquet y a dos que estuvieron en la base Pilar bajo el control de Andrés Maisano.
De los nueve procesados, dos son retirados de la Bonaerense, lo que muestra que efectivamente la AFI se nutrió de efectivos policiales que conocían el terreno o que ya habían hecho tareas de inteligencia para la fuerza con anterioridad.
Ramos Padilla y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habían comparado el despliegue del “Proyecto AMBA” con la presencia capilar en el territorio que tuvo hasta 1998 la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
“La reunión de información llevada adelante por las delegaciones de inteligencia desplegadas en la provincia de Buenos Aires no se encaminó a investigar los delicados asuntos que les atribuye la ley, sino que se concentraron, casi exclusivamente, en obtener información netamente política sobre la situación social y el nivel de aprobación de la imagen de la gestión política de gobierno”, escribió Bava.
