La compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, lidera el Celtyv, una organización negacionista del genocidio de la dictadura. Ahora se reveló que entre sus fundadores se encuentra un influyente colegio de abogados que fueron parte de diversos gobiernos de facto. A su vez, el “centro de estudios” se conformó al mismo tiempo que un ex jerarca de la SIDE ideaba un plan de impunidad para los represores.
La semana pasada la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, realizó una polémica actividad en la Legislatura porteña, donde reivindicó a las supuestas “víctimas del terrorismo“, en un intento por resucitar la teoría de los “dos demonios” respecto al revisionismo histórico de la década de los ’70. El acto generó el repudio generalizado de organismos de DD.HH. como así también sindicatos, funcionarios y organizaciones políticas.
El plan negacionista
El evento fue en línea con el pensamiento de Villarruel, quien pretende enarbolar la bandera de la “memoria completa” respecto a aquel tiempo histórico, pero que en verdad se trata del negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.
Villarruel afirma que no hubo terrorismo de Estado ni genocidio, sino que lo que ocurrió en los ’70 fue una supuesta “guerra” contra la “subversión terrorista“, un discurso calcado al de la dictadura.
La compañera de fórmula de Milei tiene lazos familiares y personales con la dictadura, pero además tiene un proyecto de impunidad común.
Se trata de un plan negacionista del genocidio, ideado en el 2004 por el general de brigada retirado Carlos Alberto Martínez, quien durante 1976 y 1977, estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. En enero de 1978, desembarcó como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, la antecesora de la actual AFI) y se quedó hasta el fin de la dictadura.
Martínez fue procesado por el juez Daniel Rafecas por 1.193 secuestros, 700 casos de torturas y 151 homicidios, pero murió antes de ser juzgado.
Antes de fallecer, el represor ideó un plan para frenar los nacientes procesos judiciales de memoria histórica que buscaban juzgar y condenar los aberrantes crímenes de lesa humanidad de la dictadura. El plan fue escrito por el propio Martínez en septiembre del 2004.
El proyecto de impunidad consistía en hacer tantas denuncias contra militantes de los años ‘70 (acusados falsamente de “terroristas) como fueran posibles hasta llegar a una situación de empate que sólo pudiera ser resuelta mediante una amnistía general para antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y para quienes habían sido parte de las organizaciones político-militares.
La iniciativa se basaba en buscar que los familiares de quienes habían muerto en “cruentos atentados terroristas” se presentaran ante la Justicia. La oficialidad superior de las FF.AA. se ocuparía de darles fundamentos y abogados.
Y justamente, para brindar esos argumentos y letrados, en esos años se conformaron distintas organizaciones negacionistas como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AVTA) y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita).
El organismo que mejor cumplió con la consigna de reunir a familiares y abogados fue el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se conformó en 2006 pero recién se inscribió formalmente en mayo de 2008.
Su referente máxima es Victoria Villarruel, quien tenía una trayectoria en los grupos pro-militares. Villarruel integró Jóvenes por la Verdad, conformado para 2003 y que, entre otras actividades, procuraba llevar solidaridad a los genocidas presos: así juntaban cartas para Ricardo Cavallo mientras estaba detenido en España.
En esa misma época, Villarruel coordinaba las visitas al ex dictador Jorge Rafael Videla, con quien Martínez mantenía contacto. Según el mayor retirado Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando, él llegó a conocer al dictador a través de Villarruel.
Lo cierto es que desde su creación, el Celtyv presentó pocos casos ante la Justicia. En ninguno consiguió pronunciamientos favorables.
La organización que lidera Villarruel se introdujo como amicus curiae (amigo del tribunal) en dos causas emblemáticas: la de la muerte de Argentino Larrabure, un coronel secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que, según las autopsias posteriores, se habría suicidado durante su secuestro. Los militares y las organizaciones negacionistas afirman que Larrabure en verdad fue asesinado por el ERP, pero la autopsia realizada en 1975 desmiente esta versión.
Es por este motivo que todas las instancias judiciales negaron que la muerte de Larrabure se tratara de un caso de lesa humanidad. El caso espera una resolución de la Corte, donde estuvo a punto de salir el año pasado pero retrocedió sorpresivamente.
El otro caso emblemático en el que el Celtyv se introdujo como amicus curiae es el de la bomba en Coordinación Federal, donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio y donde operaban los agentes de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). La semana pasada, la jueza federal María Romilda Servini rechazó el caso fuera un crimen de lesa humanidad.
Los abogados del poder
El Celtyv también se conformó con abogados ligados al Colegio de la calle Montevideo, reconocido reducto del conservadurismo y del establishment porteño, como informó el periodista Ari Lijalad en El Destape.
Entre algunos fundadores del Celtyv que fueron del Colegio se encuentra su expresidente Máximo Fonrouge, el exconsejero Alejandro Fargosi, Javier Vigo Leguizamón, Carlos Manfroni –que escribió un libro con Villarruel y fue funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad– y Jorge Pérez Alati, socio en el estudio que supieron montar Mariano Grondona (hijo) y el heredero de José Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla.
En la conformación original aparecen también los abogados Horacio Adolfo García Belsunce –padre de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en el country en el que vivía, y muchos años antes integrante del Grupo Azcuénaga, que le daba sustento ideológico a la dictadura– y Eugenio Carlos José Aramburu, hijo del dictador ejecutado por Montoneros en 1970.
Fundado en 1916, este Colegio de Abogados tenía sus oficinas en el Palacio de Tribunales gracias a un acuerdo con la Corte Suprema, hasta 1950.
En pleno gobierno de Perón fueron expulsados de ese espacio público. Jamás ocultaron su antiperonismo. En 1955, tras el derrocamiento de Perón, publicaron: “Ha caído la dictadura (…) hombres de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica de terminar con el déspota y su sistema“.
Desde entonces algunos de sus socios han ocupado cargos en las Dictaduras mientras otros escribían los planes económicos y las licitaciones y negocios a medida de las empresas que patrocinaban.
En su apoyo al golpe del 24 de marzo de 1976, el Colegio de la calle Montevideo declaró: “Ante el fracaso de los intentos de una solución dentro de las normas institucionales, la asunción de la conducción del Estado por las Fuerzas Armadas fue una penosa pero ineludible obligación“.
Entre los socios vitalicios del Colegio está Alberto Rodriguez Varela, exministro de Justicia de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. En democracia, fue abogado de Videla en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. En 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó su detención como parte de los delitos de lesa humanidad contra la familia Graiver, cuando Rodriguez Varela aún era fiscal de la provincia de Buenos Aires.
En junio de 2016, el Colegio hizo una actividad en la Bolsa de Comercio bajo el título “Diálogos para Argentina”. El cierre estuvo a cargo del entonces presidente Mauricio Macri, entrevistado por Julio Blanck de Clarín y José del Río de La Nación.
El entonces presidente del Colegio era Guillermo Lipera, que Macri nombró como conjuez de la Corte Suprema. En ese acto, con Macri presente, Lipera dejó clara la alianza. “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”, arengó.
Además de abogados de genocidas y funcionarios de dictaduras, el Colegio y sus miembros aportaron fondos para las campañas de Cambiemos en 2015 y en 2019, para la renombrada Juntos por el Cambio.
