Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa denunciaron que la exdiputada Elisa Carrió utilizó escuchas ilegales a detenidos en el penal de Ezeiza para entorpecer el caso que tramita en Dolores y que tiene como procesados a Marcelo D’Alessio, Carlos Stornelli y Daniel Santoro.
Peñafort y Rúa, víctimas del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora, solicitaron este jueves que se indague a Elisa Carrió “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía Marcelo D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.
En un escrito de unas cincuenta carillas, los letrados repasan los vínculos entre la causa de Dolores y la de Lomas de Zamora, que investiga actividades de espionaje ilegal en las cárceles, concretamente sobre funcionarios y dirigentes kirchneristas.
Allí se sostiene que Carrió, a través de las legisladoras Maviana Zuvic y Paula Oliveto, se hizo con escuchas ilegales efectuadas a los presos de la cárcel de Ezeiza para tratar “desesperadamente” de frenar la investigación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
“Desde 2017 la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de las comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, sostuvieron.
Cabe destacar que tan sólo horas luego del allanamiento a D’Alessio, Carrió tuiteó una advertencia sobre una supuesta “maniobra” para derribar la Causa Cuadernos.
Pese a que el mismo fiscal Carlos Stornelli ya había realizado una denuncia similar a las 18.40 (fuera del horario de atención al público de tribunales), Oliveto y Zuvic presentaron una segunda denuncia en nombre de Carrió. Según Peñafort y Rúa, la primera había recaído juzgado federal que encabeza Luis Rodríguez, adverso a Stornelli.
La denuncia de Oliveto y Zuvic recayó en el difunto juez Claudio Bonadio, al tiempo que el camarista Martín Irurzun apartó a Luis Rodríguez del sorteo.
“Se nota mucho. Y así la filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución” señalaron los letrados en el escrito.
