La Justicia procesó por asociación ilícita al empresario y amigo personal del expresidente Mauricio Macri, Orlando “Orly” Terranova, por extorsión en grado de tentativa por las maniobras para quedarse con el control de los activos del Grupo Indalo. La medida alcanza también a Gustavo Adrián Casir y Gerardo Molinaro.
El empresario mendocino, ex piloto de Rally Dakar y dueño del grupo MDZ, había sido imputado en la causa en diciembre del 2019. El pedido había sido realizado por el fiscal Guillermo Marijuan, luego de que el empresario del Grupo Indalo, Cristobal López mencionara a Terranova en el marco de presiones que denunció de parte del gobierno de Cambiemos y la amenaza de “quebrarlo”.
Cabe recordar que “Orly”, quien es amigo personal de Macri, fue uno de los principales aportantes de la campaña de Cambiemos en 2015 e incluso en 2010 había sido candidato a concejal por el PRO.
El procesamiento incluye un embargo por $5.100 millones a Terranova, quien intentó quedarse con todo el Grupo Indalo a raíz de las presiones del gobierno macrista. En el escrito se detalla cómo Terranova buscó de manera irregular apropiarse de las empresas.
La Justicia estableció que fue falso el descargo de Terranova en cuanto a que buscó el aval de Macri y Nicolás Caputo para iniciar la primera ronda de reuniones para reestructura la deuda del Grupo Indalo y quedarse con sus activos.
Quintana y Torello, en la mira
La resolución dejó por primera vez expuestos lazos directos de Terranova con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Para la jueza María Servini se corroboró la existencia de una organización –que incluía a altos funcionarios públicos– que actuaban según intereses políticos de la Casa Rosada en pos de alcanzar determinados objetivos.
En este caso, el objetivo era reestructurar financieramente al holding, en pleno asedio de la AFIP y con la amenaza de encarcelar a sus propietarios, y también hacerse del 70% de las acciones a favor de Terranova y de su abogado, según quedó expuesto en varios documentos y correos electrónicos.
Pero los cruces de llamadas, los testimonios, la ubicación de las celdas telefónicas y la cronología de los hechos apuntaron también a revelar el rol que tuvieron el exjefe de asesores José Torello y el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, el enlace con Terranova para esta operación.
Para la Justicia, la reestructuración financiera del Grupo Indalo no se trató una negociación fallida de dos empresarios que eran investigados por la justicia y que decidían desprenderse de sus empresas para que alguien se hiciera cargo de su deuda con la AFIP. Sino que en verdad fue una maniobra que partió desde el gobierno nacional de Cambiemos, donde los dueños del Grupo contaban con un consentimiento viciado, en el que debían abandonar sus cargos y entregar casi la totalidad de sus activos para no ser detenidos.
El rol de Quintana y Torello
La “negociación” duró alrededor de 20 días hábiles. Si bien es cierto que López fue a buscar a Terranova y este se había mostrado desinteresado en el negocio, a los pocos días cambió completamente su actitud. El cambio coincidió con contactos que Terranova mantuvo con altos funcionarios del gobierno nacional.
Coincidió también con el aval que le habría dado el propio Macri, adonde coincidieron en un lugar vacacional.
José Torello era el enlace que Nicolás “Nicky” Caputo había delegado para el caso. Mario Quintana ofició de encargado para las conversaciones posteriores. Su despacho era sede de reunión tanto para Terranova como para Gustavo Casir –el abogado- y Gerardo Molinaro –el experto financiero- encargado de la reestructuración del Grupo a través de un fideicomiso.
“Terranova se preocupó en tener firmados los documentos por parte de López y Fabián de Sousa al momento de tener las reuniones en la Casa de Gobierno. De esta manera, evidenciaría una total sumisión de parte de éstos de acogerse a cualquier requerimiento que el Gobierno les efectuara, a cambio de no ser privados de su libertad”, señaló Servini en el procesamiento.
“Todas estas cuestiones no dejan lugar a dudas y permiten afirmar que la decisión era pura y exclusivamente política, y que todo el “Proyecto Flecha”, era el medio que encontraron para que Orlando Terranova pudiese quedarse, al final, con al menos el 70% de Grupo Indalo”, puntualizó.
“Terranova enviaba correos electrónicos y conversaba con el presidente y/o gerente de las diferentes empresas, y Casir y Molinaro atendían en las oficinas de Oil Combustibles (algo que nunca fue explicado ni desmentido por los nombrados en último término)”, indicó la jueza.
“Se demostró la existencia de llamados de Terranova a diferentes funcionarios públicos del entonces Poder Ejecutivo Nacional, con algunos de los cuales no habló más que en esa época, y otros con los que sí habló alguna vez pero que en el momento de la operación la cantidad de comunicaciones fue mayor a las que venía teniendo, lo cual significaría que evidentemente la operación era seguida de cerca, despertaba interés en el Gobierno de turno”, indica el procesamiento a partir de las pruebas de cruces de llamadas.
Además:
“Se demostró que aún cuando los imputados pretendieron hacer creer que nada de lo que se negoció tuvo efecto, lo cierto es que el propio Terranova se encargó personalmente de hablar con el Presidente de una de las empresas más importantes que tenía Grupo Indalo (AEC S.A.), respecto de la cual él tenía relación personal con el funcionario encargado de fiscalizarla y que para esa época la tenía intervenida administrativamente”, dijo en referencia a Javier Iguacel.
“José Torello y Orlando Terranova hablaron en el año 2016 por última vez en el mes de agosto; en 2017, una vez en marzo, otra en abril, y retomaron el diálogo para la época que Terranova estaba por quedarse con Grupo Indalo, con la activa participación e intervención del Gobierno, y donde el mismísimo Presidente de la Nación, luego de darle la venia para la operación, lo habría mandado a hablar justamente con Torelo”, señaló la resolución de Servini.
