Temiendo una movilización masiva, el gobierno activó un mega operativo de Seguridad en los accesos a CABA

Patricia Bullrich estrenó el nuevo estatuto de las Fuerzas Federales y montó un mega operativo de Seguridad en los accesos a CABA para requisar a los colectivos con militantes que van a la marcha en Plaza de Mayo. Guillermo Francos incluso advirtió que los agentes tienen “listas” con nombres de “agitadores”.

Este miércoles 18 de junio se realizará en Plaza de Mayo una movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La concentración, convocada para las 14 horas, busca manifestar el rechazo a ante la persecución judicial contra la expresidenta y titular del Partido Justicialista, y cuenta con el respaldo de distintos sectores del peronismo, el sindicalismo y organizaciones sociales.

En este contexto, y temiendo que la jornada derive en una movilización masiva, el gobierno de Javier Milei desplegó un inusitado operativo de Seguridad para desalentar la participación en la marcha.

Lideradas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas federales implementaron controles y requisas masivas en rutas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que no solo generaron demoras, sino que además incluyeron situaciones intimidatorias, según denunciaron militantes que se dirigían a la marcha.

Lo cierto es que el operativo no se limitó únicamente a los controles en rutas, sino que también incluyó medidas laborales punitivas: la administración libertaria anunció el descuento del día de trabajo a los empleados públicos que participen del paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para sumarse a la movilización.

El peronismo se moviliza a Plaza de Mayo para rechazar la proscripción de CFK

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Retenes y requisas en los accesos a CABA

Desde el lunes por la noche, militantes peronistas de distintas provincias comenzaron a reportar requisas de los micros que trasladaban manifestantes hacia Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron el descenso forzoso de pasajeros, pedido de documentación y revisión exhaustiva de pertenencias personales.

Una militante del Frente Renovador denunció que durante el trayecto por la Ruta Nacional 7, “tres veces nos paró Gendarmería entre San Luis y Mendoza, en 300 kilómetros“. Según su relato, los efectivos “les sacaban fotos a la lista de pasajeros” y “nos filmaban los lados de los colectivos“.

En San Luis, una manifestante advirtió desde un micro: “Nos tienen encapsulados tanto la Gendarmería como la Policía de San Luis que nos hizo dar vuelta por todo Villa Mercedes. Ahora no nos dejan parar en ninguna estación de servicio”. Además, cuestionó al gobierno “por no respetar la democracia” y afirmó: “Tenemos el derecho de ir a defender a nuestra líder”.

Los procedimientos se extendieron por todo el territorio nacional. Desde Santa Cruz, una militante de la agrupación Viento Sur denunció que los pasajeros de dos micros fueron demorados “unas 10 veces en la Ruta Nacional 3 por agentes de la Policía y la Gendarmería”. Caracterizó la situación como “una persecución abierta y deliberada, a partir de una orden”.

En Córdoba, 35 micros fueron requisados en tramos de la Autopista Rosario-Córdoba. Ivana Martínez, una militante cordobesa, relató: “Subió Gendarmería, nos sacaron fotos, nos filmaron, requisaron el colectivo y a los compañeros“. Estos fueron solo algunos de los testimonios emitidos al aire de El Destape Radio.

Los controles se intensificaron en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la autopista Ricchieri. Allí, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería detuvieron no solo micros de larga distancia con manifestantes, sino también colectivos de línea que transportaban trabajadores e incluso dos colectivos que llevaban estudiantes de La Matanza a una excursión.

Desde La Cámpora apuntaron que “Gendarmería se sube a los micros que viajan desde todo el país para intimidar a los compañeros y compañeras que vienen a bancar a Cristina. Pararon micro por micro, los hicieron bajar, revisaron todas las pertenencias, palparon a todos, les pidieron DNI y les sacaron fotos de prepo a todos los pasajeros y pasajeras”.

Un manifestante cordobés denunció en Radio Diez que hubo “requisas humillantes” durante el viaje hacia Buenos Aires: “Se registraron bolsos, documentación y hasta se tomaron fotos de las personas que viajaban”.

Descontar días de trabajo para desincentivar

El operativo gubernamental para desalentar la participación en la movilización no se limitó a los controles en rutas. La administración de Milei anunció que descontará la jornada laboral a los empleados públicos que participen del paro convocado por ATE para sumarse a la manifestación.

La Asociación de Trabajadores del Estado había dispuesto un paro de actividades para el miércoles con el objetivo explícito de participar en la marcha de apoyo a Cristina Kirchner. En su comunicado, el gremio había expresado: “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial“.

Según trascendió, desde la administración libertaria justificaron la decisión de descontar los días basándose en la “obligatoriedad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales“, particularmente frente a una movilización masiva prevista en distintos puntos de la Ciudad.

El cese de actividades abarca varios sectores del ámbito estatal, incluyendo dependencias nacionales, provinciales y municipales, mientras que los servicios considerados “esenciales” en áreas de salud y seguridad funcionarán garantizando guardias mínimas, más allá del acatamiento del paro.

Esta herramienta adicional de presión para reducir la convocatoria se suma al envalentonamiento de Bullrich, quien apenas horas atrás oficializaba el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina para sumarle funciones de inteligencia.

Al respecto, cabe señalar que la fuerza ahora tiene la potestad de realizar “ciberpatrullaje” en redes sociales y sitios web, al tiempo que se la habilita a “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”.

Bullrich habilitó a la Federal a vigilar redes sociales y hacer requisas sin autorización judicial

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Las justificaciones del Gobierno: “listas de agitadores” y “tiranía de la calle”

Ante las múltiples denuncias por los controles y requisas, tanto el jefe de Gabinete Guillermo Francos como la ministra Patricia Bullrich salieron a defender públicamente el operativo gubernamental.

Francos justificó los retenes argumentando que forman parte de “medidas de seguridad” necesarias para “controlar los elementos que se llevan”. En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario reveló que las fuerzas federales manejan “listas de gente identificada como agitadores que promueven actos de violencia”.

Lo mismo que pasa con los hinchas de fútbol. Las fuerzas de seguridad los tiene”, comparó el jefe de Gabinete. Se trata de una alarmante declaración por parte del funcionario, que se da incluso antes de que tenga lugar la marcha.

Por su parte, Patricia Bullrich adoptó un tono más confrontativo al referirse a las manifestaciones. La ministra de Seguridad calificó las movilizaciones como “el intento de la tiranía de la calle”, quien también mandó a vallar las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

“Acá hay una decisión de la Justicia, en varias instancias, de llevar adelante una investigación que terminó en un procesamiento y una condena a Cristina Kirchner”, sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa. La funcionaria insistió en que “hoy es un día de trabajo, donde el país tiene que producir“.

Bullrich también señaló que desde su ministerio estarían monitoreando la zona de la manifestación “que es un objetivo federal porque está la casa de gobierno, el congreso, los tribunales. Son todos lugares donde tenemos que proteger y cuidar a las instituciones“.

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