La muerte de un trabajador del Ministerio de Justicia pone de manifiesto las graves consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. Este trágico suceso, ocurrido en medio de una ola masiva de despidos, revela el impacto devastador que las medidas económicas están teniendo en la vida de los empleados públicos.
El fallecido, un empleado de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos con más de 30 años de servicio y próximo a jubilarse, sufrió un infarto en su lugar de trabajo.
Lo más alarmante de esta situación fue que los desfibriladores del edificio no funcionaron, lo que imposibilitó cualquier intento de reanimación. Este hecho no solo evidencia el deterioro de las condiciones laborales, sino también la falta de mantenimiento de equipos vitales en las dependencias estatales de la cartera de Mariano Cúneo Libarona.
La tragedia se produce en un contexto de extrema tensión laboral. El Ministerio de Justicia ha anunciado el despido de 1.200 trabajadores en menos de dos meses, generando un clima de angustia e incertidumbre entre los empleados. Rubén López, delegado de ATE, describió la situación como “crítica y dramática”, señalando que el ambiente de trabajo se ha vuelto hostil y perjudicial para la salud emocional de los trabajadores.
El desmantelamiento de áreas cruciales del Ministerio es otro aspecto preocupante de esta política de ajuste. Programas esenciales como el de Protección de Testigos y el de Trata de Personas están siendo desarticulados, lo que podría resultar en un aumento de la delincuencia y dejar desprotegidos a sectores vulnerables de la sociedad.
