Las y los ministros de salud de todas las jurisdicciones del país saltaron la “grieta” y con el respaldo de su par de Nación, Carla Vizzotti, realizaron un pronunciamiento en contra de la politización y la judicialización de la campaña de vacunación.
El “escándalo del Vacunatorio VIP“, como fue presentado por los principales medios del país, inicialmente golpeó al gobierno nacional pero luego tuvo réplicas en los gobiernos provinciales, y terminó traduciéndose en una extrema politización de la campaña de inoculación contra el COVID-19.
Campañas en redes, pedidos de informes a mansalva, denuncias mediáticas y judiciales e incluso conflictos sindicales comenzaron a orientarse en torno de casos reales y ficticios de vacunaciones irregulares.
Incluso hubo casos de dirigentes políticos que intentaron capitalizar el caso pero terminaron golpeando a sus propios aliados. Esto le sucedió a Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, que exigió declaraciones juradas a referentes políticos locales para saber si se vacunaron o no.
La que respondió que sí fue su jefa política y posible sucesora en el cargo, Nidia Moirano, quien reveló que se vacunó en calidad de dueña de un geriátrico, algo similar al caso de Hugo Moyano, que lo hizo como administrador de una obra social.
Como sea, las y los titulares de las carteras sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creen que esta situación hace peligrar el programa inmunización contra el coronavirus.
La mayoría de ellos son profesionales médicos y empiezan a ver como se arma un frente judicial que se deriva en dificultades serias para llevar adelante el plan de vacunación. O se dedican a atender las denuncias penales y pedidos de informes o avanzan con la campaña de vacunación.
El caso límite se dio este viernes en Santa Cruz, cuando la provincia tuvo que suspender la vacunación porque trabajadores que fueron contratados durante el pico de la pandemia tomaron las instalaciones del Ministerio de Salud provincial reclamando el pase a planta y poniendo en riesgo la preservación de las dosis, que necesita guardar la cadena de frío.
Como sea, la politización y judicialización del plan de vacunación es transversal al sistema político: golpea tanto a peronistas como cambiemitas, y podría resumirse en que golpea a los oficialismos, que son quienes tienen a cargo la realización de la campaña de inoculación.
La preocupación se da en el contexto de una segunda ola de COVID-19 que ya se siente con fuerza en los países limítrofes y que eventualmente llegará a Argentina: Brasil ya es el epicentro mundial de la pandemia, con récord de muertes diarias, Paraguay comieza a desbordarse y en Chile, pese al avance de la vacunación, hay ocupación récord de camas de terapia intensiva.
