El gobierno de Milei facilita el lavado de dinero reduciendo controles a sociedades extranjeras

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la desregulación para empresas y organizaciones civiles y otras modificaciones en la Inspección General de Justicia (IGJ), que pasará de ser un órgano de control a lo que el funcionario definió como “servicio económico de interés general“.

Sus dichos ocurrieron durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Eduardo Medina, y el titular de la IGJ, Daniel Vítolo.

En la presentación, aseguró que la nueva normativa “simplificará, flexibilizará y regulará los trámites para la Constitución, el funcionamiento, disolución, liquidación de las asociaciones civiles y publicaciones”, y remarcó que:

“Vamos a dar un paso al cambio del sistema que estamos implementando, que tiene un objetivo muy simple, que es el que construyeron nuestros padres de la patria. Es la libre voluntad de las partes. Es la libertad. Es el discernimiento. Sin implicarse en decisiones que conciernen a los tipos sociales”.

Lo cierto es que, con la resolución impulsada por el Gobierno de Javier Milei, quitó a la IGJ sus funciones de control a sociedades locales, extranjeras, asociaciones y fundaciones. Asimismo, abre las puertas al regreso de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) con la excusa de eliminar trabas “burocráticas” y fomentar inversiones.

En ese sentido, se eliminarán requerimientos relacionados con la información de la composición societaria, la evolución patrimonial y los balances, que podrían derivar en delitos que van desde estafas hasta el lavado de dinero.

El Gobierno de La Libertad Avanza viene de habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas, que se enmarca en una serie de reformas dedicadas a impulsar el corrimiento del Estado. Por lo pronto, Vítolo ya lleva más de una decena de resoluciones firmadas dedicadas a eliminar requisitos y modos de fiscalización sobre las sociedades. La última de ellas es la resolución 15/2024, anunciada este martes.

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¿Lucha contra la burocracia?

Nuestro norte es desregular, simplificar y eliminar trabas mal impuestas a los argentinos de bien y facilitarles los procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida Argentina”, comentó Cúneo Libarona, apelando a un tema central en las reformas que impulsa la administración de Javier Milei: la lucha contra la burocracia.

En principio, se trataría de una propuesta fácil de aceptar. Sin embargo, la cruzada contra el modelo tradicional de la IGJ implica la profundización de modelos que tienen historiales cuestionables. Entre ellos, la habilitación de las SAS.

Las Sociedades de Acciones Simplificadas permiten crear empresas rápidamente sin rendir cuentas y sin capital, algo que se puso en práctica durante la gestión de Mauricio Macri y que fue utilizado por la banda narco de Los Monos, que creó más de 40 empresas a través de las cuales emitían facturas truchas y compraban propiedades para lavar dinero.

“La Inspección General de Justicia durante mucho tiempo fue un organismo intervencionista que avasalló sus competencias, se salteó la Constitución Nacional y generó grandes daños y perjuicios en todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la Argentina“, anunció el Ministro, “eso se terminó“.

“Esta normativa es un paso más dentro del cambio de sistema que estamos implementando. Tiene como objetivo respetar la voluntad de las partes, sin inmiscuirse en decisiones que son puramente de los tipos sociales”, remarcó.

Lo que el funcionario evitó mencionar es que dichos controles tienen por objetivo evitar daños a terceros, detectar el lavado de dinero y exponer estafas. En paralelo, la reforma también pone en peligro la regularización de los clubes de barrios, así como medidas sociales como la paridad de género en los directorios de las sociedades.

¿Qué implica la flexibilización?

Entre las posibilidades que habilita la desregulación de las sociedades están la de eludir reclamos de acreedores con respecto a deudas, así como allanar el camino a las estafas a cónyuges o herederos.

Se eliminan las exigencias de garantías de directores, certificados de inhibición de bienes en caso de reorganización de la sociedad, verificación de “prima de emisión” (al emitir nuevas acciones) y se reducen las “exigencias contables”, según el funcionario. Sin verificación patrimonial de la firma o sus dueños, en rigor se habilita un blanqueo de capitales.

En cuanto a la simplificación de los trámites, de fondo el Estado renuncia a investigar si los acuerdos persiguen un bien común o solo intereses personales, de modo que podrán tener sus propios estatutos las iglesias, fundaciones, confesiones y comunidades o entidades religiosas.

Hasta ahora, debían estar registradas y eran monitoreadas, pero con la normativa el gobierno los exime de presentar estados contables, al igual que los “contratos asociativos”.

En sintonía con la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida cuestionada por las ventajas que otorga a inversores del exterior, el Ministro de Justicia anunció que a las sociedades extranjeras no se les pedirá un plan de negocios, ni información sobre su patrimonio.

En este contexto, tampoco se pedirá “acreditar la titularidad de activos en el exterior para poder anotar sucursales“.

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Desde el Ministerio también habilitaron a que se inscriban “las sociedades off shore y aquellas constituidas, registradas o incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales”, considerados “no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo“.

Para fiscalizar esto, Cúneo Libarona se limitó a decir que se usará “un criterio restrictivo al considerar su inscripción“, algo que abre las puertas a la discrecionalidad y, en última instancia, reduce las trabas para la evasión, lavado, fuga de capitales y otros delitos.

Finalmente, desde el Gobierno apoyan el sistema de las SAS. El modelo había sido presentado durante el macrismo como un “estímulo para el capital emprendedor” y duró hasta que la administración de Alberto Fernández lo restringió a través de Ricardo Nissen, entonces titular de la IGJ.

Ahora Vítolo lo recupera, quitando controles de legalidad, exigencia de balances, de capital, socios y con un tiempo estimado de dos días para su creación.

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