Javier Milei preadjudicó la concesión de la Hidrovía a la belga Jan De Nul, que previamente había recibido el visto bueno del embajador Peter Lamelas tras asegurar que no tenía vínculos con China. Estados Unidos ya se había asegurado la participación de la DEA en el monitoreo de la vía.
El Gobierno de Javier Milei preadjudicó la concesión de la Hidrovía a la belga Jan De Nul, cerrando así un proceso licitatorio que estuvo atravesado por presiones diplomáticas, acusaciones cruzadas y disputas entre dos gigantes europeos del dragado.
La empresa ganadora venía haciendo buena letra tanto con las autoridades argentinas como con el gobierno de Estados Unidos, y se encargó de garantizarles a ambas administraciones que no tenía vínculos con firmas chinas.
Es que Washington tiene sus propios intereses en la vía navegable, que van más allá de quién administre el dragado: a través de los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), habilitados primero por Patricia Bullrich y por su sucesora Alejandra Monteoliva, la DEA opera en la zona con financiamiento propio y agenda propia.
El corredor fluvial que une el sistema Paraná-Paraguay con el Atlántico moviliza alrededor del 80% del comercio exterior argentino y permite la salida de cargas de cinco países sudamericanos.
Por esa razón, su concesión no es un asunto meramente logístico: involucra intereses económicos de primer orden, disputas geopolíticas y una trama de vínculos empresariales y políticos que excede el ámbito estrictamente técnico.
Jan De Nul y Servimagnus se quedan con la Hidrovía
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) emitió el dictamen de preadjudicación que recomendó otorgar la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.
La decisión se apoyó en el sistema de puntajes elaborado en conjunto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En el proceso participaron tres firmas.
La brasileña DTA Engenharia quedó fuera en la primera etapa por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, requisito indispensable del pliego. La belga DEME NV, principal competidora, fue desestimada tras quedar en segundo lugar en la evaluación técnica. El consorcio Jan De Nul-Servimagnus acumuló 186,2 puntos en total, frente a los 162,14 de DEME.
Llamativamente, ambas empresas ofrecieron exactamente las mismas tarifas mínimas establecidas en el pliego: 3,80 dólares por Tonelada de Registro Neto (TRN) para la Etapa 0, 4,65 para la Etapa 1 y 5,78 para la Etapa 2, lo que les valió el puntaje máximo de 120 puntos a cada una en ese apartado.
La brecha se produjo en la evaluación de antecedentes técnicos y operativos: Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de DEME. La empresa ganadora acreditó más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de experiencia en balizamiento.
Desde el Ministerio de Economía se destacó que el proceso transcurrió sin impugnaciones formales por parte de las empresas participantes y que la Justicia rechazó las denuncias presentadas contra el avance de la licitación. El dictamen abre ahora un plazo de siete días corridos para que se presenten eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva.
El Gobierno asegura que la nueva concesión traerá una reducción de casi el 15% en los costos logísticos y una modernización de la tecnología de navegación. El contrato prevé una duración base de 25 años, con un ingreso promedio estimado para el concesionario de 618,6 millones de dólares anuales.
Entidades del sector privado como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC) y la Unión Industrial Argentina celebraron el avance y reclamaron celeridad para la adjudicación definitiva. Lo curioso es que Jan De Nul es la misma dragadora que manejó la Hidrovía los últimos 30 años.
Este es el segundo proceso licitatorio impulsado por la administración Milei. El primero, lanzado en noviembre de 2024, fue declarado nulo en febrero de 2025 luego de que solo DEME presentara oferta. En aquel momento, el Gobierno acusó a esa empresa de intentar sabotear el proceso.
Jan De Nul, los Neuss y Caputo
Según información difundida por el periodista Alejandro Bercovich, “el Grupo Neuss figura como muy probable subcontratista del trabajo de dragado que va a hacer Jan De Nul, para lo cual necesita muchas empresas que van a florecer aguas abajo“, aseguró.
“Ahí están los hermanos Neuss, muy influyentes por su amistad con Santiago Caputo, que vienen ya construyendo un emporio eléctrico como no se forjaba en la Argentina desde los años ’90”, agregó.
Los hermanos Juan y Patricio Neuss tendrían un vínculo personal con el asesor presidencial Santiago Caputo que se remontaría a la infancia, cuando ambas familias vivían en el mismo country de Pilar.
A través de Edison Energía, firma fundada hace poco más de un año, ganaron la licitación de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito Jr., en lo que representó un salto notable para una empresa sin trayectoria previa en el sector energético.
Los vínculos del Grupo Neuss con el entorno oficial no se limitarían al plano empresarial. Bercovich señaló que los hermanos son “los principales mecenas” de la Fundación Faro, organismo conducido por Agustín Laje y Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial.
Esa fundación, a su vez, financia actividades de La Libertad Avanza. Los Neuss también serían dueños del espacio donde se organizan cenas de recaudación de fondos para el partido de los Milei.
En cuanto al consorcio adjudicatario, la participación de Servimagnus implica la presencia de la familia Román: Ricardo Román, dueño de la dragadora, su hijo Leonardo Román y su hija Karina Román, quien participó del Foro Llao Llao organizado por el empresario Eduardo Elsztain.
Bercovich también mencionó entre los actores del negocio a figuras ligadas a los grupos de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu.
Respecto a las presiones internacionales que rodearon el proceso, Jan De Nul tuvo que responder a cuestionamientos desde Washington. Un consorcio de empresas estadounidenses que respaldaba a DEME envió una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo sobre supuesta falta de transparencia.
A su vez, el congresista republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, alertó en abril al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas.
Esto derivó en una reunión entre directivos de la empresa belga y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. El 27 de mayo, Jan De Nul emitió un comunicado asegurando que, en caso de obtener la concesión, “no habrá participación de empresas chinas ni injerencia estatal externa” y que priorizará “soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales“, con preferencia por las de origen estadounidense.
La DEA también se mete en la Hidrovía
Más allá de quién administre el dragado, Estados Unidos tiene presencia directa en la Hidrovía a través de un mecanismo que opera desde comienzos de 2026.
En enero de este año, y sin mayor publicidad, la DEA quedó a cargo del monitoreo de la Vía Navegable Troncal mediante los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), estructuras inter-fuerzas creadas durante la primera gestión de Patricia Bullrich con financiamiento de la agencia antinarcóticos estadounidense.
La actual ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, mediante la Resolución 4, disolvió el Grupo Especial Antinarcóticos Rosario y trasladó sus funciones al GOC-Centro, cuya misión declarada es el combate al narcotráfico en Santa Fe y zonas aledañas.
Sin embargo, según una investigación publicada por Julián Maradeo para Ámbito, esta estructura opera en los hechos bajo la conducción de la DEA, con los agentes argentinos respondiendo a la agencia estadounidense por encima de sus propias fuerzas de origen.
El mecanismo fue diseñado originalmente en 2017, tras el viaje de Bullrich a las oficinas centrales de la DEA en Arlington, Virginia, en febrero del año anterior.
La agencia impuso dos condiciones para financiar los GOC: que los aspirantes pasaran por el polígrafo y que la selección incluyera entrevistas individuales entre agentes de la DEA y efectivos argentinos, sin presencia de funcionarios locales.
Información clasificada del Ministerio de Seguridad indica que las fuerzas federales presentaron quejas porque sus integrantes no respondían a sus mandos sino a los estadounidenses. El mismo documento consigna que la DEA aportaba entre 3.000 y 10.000 dólares “en negro” para el pago de informantes, sin autorización judicial argentina.
El nombre que se repite en ambas etapas (tanto en la gestión de Bullrich como en la actual) es el del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, identificado como el funcionario que garantiza a la DEA libertad de movimiento en el territorio nacional.
El interés de Washington en la Hidrovía quedó registrado en un informe del Global Organized Crime Index, financiado por el Departamento de Estado, que describe a Rosario como “un importante centro de redistribución” de cocaína y señala que el Paraná y otros ríos funcionan como “rutas claves para el tráfico de drogas”.
La DEA, liderada en Argentina desde 2022 por el agente John Wallace, ha sostenido en sus reportes que las zonas francas del país “carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando” y que los altos impuestos y controles de capital locales son aprovechados por narcotraficantes y lavadores de dinero.
