Gobernadores advirtieron que no aceptarán extorsiones del Gobierno de Javier Milei y los patagónicos se proclamaron en defensa de la industria pesquera. Pero Milei no cede y les exige que le aprueben el DNU y la ley Omnibus como condición para solucionar los problemas financieros de las provincias.
“No aceptamos una política extorsiva“, advirtió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respecto al pedido del gobierno nacional para que los mandatarios provinciales le aprueben el combo DNU-ley ómnibus en el Congreso.
Pero los gobernadores de las distintas fuerzas políticas rechazan la lógica extorsiva del gobierno libertario.
El principal reproche de los mandatarios de Juntos por el Cambio es que no hay interlocución entre los gobernadores y la Casa Rosada.
Aseguran que están dispuestos a acompañar muchos de los artículos de la Ley ómnibus, pero cuestionan no haber tenido participación en el diseño de las medidas.
De fondo está la discusión por el financiamiento de las provincias. El Gobierno cortó las transferencias del Tesoro y agrandó el agujero fiscal de las cuentas públicas locales.
Para compensar los desequilibrios, los mandatarios ofrecieron una propuesta que era coparticipar el Impuesto al Cheque. El proyecto elaborado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tenía el respaldo de todos los espacio políticos, pero fue vetado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por considerar que ponía en riesgo la meta de déficit fiscal cero que estableció en su programa de ajuste.
Como contraoferta, Milei se comprometió a hacerse cargo de una medida antipopular: retrotraer los cambios que Sergio Massa impulsó en 2023 sobre la eliminación del impuesto a las Ganancias a trabajadores que el mismo Milei votó cuando era diputado nacional.
Sin embargo, tiempo después Milei armó un relato mediático en el que aseguraba que fueron los gobernadores los que le pidieron la reversión del Impuesto que por el momento está cajoneado en el Congreso.
Sin interlocutores
En Casa Rosada niegan que sea así y que se haya cortado el diálogo con los ejecutivos provinciales. El encargado de acercar posiciones y sumar voluntades es el ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy apuntado como responsable de la falta de acuerdos.
En el entorno de Francos, destacan que fue el organizador de la cumbre del presidente con gobernadores en Casa Rosada en donde hubo asistencia perfecta y que mantiene contactos fluidos con todos.
Sin embargo, todos dudan de que sea un interlocutor con poder de decisión e indican que los que definen el rumbo son el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Caputo, que tiene bajo su órbita las transferencias discrecionales.
Sucede que a Francos le cortaron atribuciones antes de asumir cuando le quitaron el manejo de los fondos discrecionales que el Ejecutivo envía a las provincias. Milei se los transfirió a Caputo, que avisó que se reducirían al mínimo. Es decir, los gobernadores hablan con Francos de sus problemas coyunturales pero le faltan herramientas para hacer política y negociar.
Es más, Francos llegó a admitir ante alguno que se quejó con Milei por no haberle adelantado contenido de las propuestas del Ejecutivo, que él no formaba parte de la mesa chica del Presidente, por lo que no estaba al tanto de esos detalles, ni tenía influencia como para realizar modificaciones. En definitiva, perdió peso como interlocutor para los gobernadores.
“Las provincias no reciben nada. Al Ministro que tiene relación política con los gobernadores le han quitado la facultad de poder disponer de los aportes del tesoro nacional y creo que hay una sola provincia que se ha beneficiado, que es la provincia de Córdoba con 3 mil millones de pesos”, ejemplificó Ricardo Quintela.
En paralelo, el Gobierno tiene otros frentes abiertos. Hay un conjunto de gobernadores peronistas, encabezados por el bonaerense Axel Kicillof, que se oponen a los cambios en Ganancias.
“No sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores y por eso seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación“, señalaron tras la reunión en Casa Rosada a mediados de diciembre.
Quintela fue el primer gobernador en presentarse ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad del DNU. “Nuestros legisladores van a rechazar de plano esta política extorsiva“, adelantó en diálogo con El Destape Radio.
Reiteró que la mayoría de los gobernadores no quería que se volviera a aplicarle el impuesto a las Ganancias a los trabajadores sino que pretenden que sea el Estado quien ceda recursos coparticipando gravámenes como el que se cobra a los cheques y a la compra de dólares.
Los mandatarios de Unión por la Patria (UP) participaban de una reunión con los bloques legislativos en el Congreso cuando se enteraron del ingreso de la ley ómnibus. Plantearon una oposición clara a la avanza desreguladora de la Rosada.
“En la provincia de Buenos Aires ganamos las elecciones con posicionamientos firmes en defensa de la producción, la educación y la salud: tenemos muy claro que debemos defender nuestra industria ante las políticas económicas del Gobierno Nacional”, sostuvo Axel Kicillof en su mensaje de fin de año.
Mientras el rechazo de los gobernadores de UP y sus legisladores era predecible, había dudas acerca de la posición de las demás fuerzas opositoras: el radicalismo, el macrismo y partidos provinciales.
Varios de ellos habían firmado el petitorio por la coparticipación de los impuestos al cheque y País, pero ese reclamo ya tiene unos días. Algunos manifestaron su rechazo a los artículos que afectan productos regionales aunque avalaron la dirección general de las propuestas como el mendocino Alfredo Cornejo, muy cercano a Patricia Bullrich.
Los patagónicos se plantan
Pero la sorpresa llegó el martes por lado de los gobernadores patagónicos que sacaron un duro comunicado con el título: “En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera“.
Entre los firmantes hay dos que pertenecen a partidos provinciales -el neuquino Rolando Figueroa y el rionegrino Alberto Weretilneck-, un sindicalista -el santacruceño Claudio Vidal-, uno del PRO -el chubutense Ignacio Torres– y uno de UP -el fueguino Gustavo Melella-.
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA, LOS RECURSOS Y LA INDUSTRIA PESQUERA
Junto a los gobernadores @weretilneck, @claudiovidalser, @rolo_figueroa y @gustavomelella, manifestamos nuestro rechazo a las modificaciones en la regulación de la actividad pesquera que establece la denominada Ley… pic.twitter.com/UQvFhChtrV
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 2, 2024
Estos mandatarios de diferentes procedencias coincidieron en rechazar varios puntos de la ley ómnibus que, de ponerse en marcha, “tendrán consecuencias devastadores para la totalidad de la industria pesquera de nuestras provincias, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica“.
El comunicado advierte que las medidas que propone Milei:
“Afectan gravemente a la economía nacional y al desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”, indicaron en un comunicado.
