Tras una irrisoria oferta del sector empresarial, el nuevo encuentro del Consejo del Salario terminó sin acuerdos sobre el salario mínimo y ahora el gobierno de Javier Milei volverá a definir el aumento por decreto, mientras avanza con el articulado de su reforma laboral.
Tras seis meses sin reuniones, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo se reunió esta semana sin lograr consenso. La oferta empresarial de apenas $4.000 de aumento fue rechazada por las centrales obreras, que reclamaron actualizaciones superiores que compensen las pérdidas de los últimos años.
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno de Javier Milei definirá por decreto el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil que regirá desde diciembre, repitiendo el mismo mecanismo utilizado en todas las reuniones previas de esta gestión. El valor proyectado rondaría los $350.000.
En paralelo, el Consejo de Mayo también evidenció tensiones. Durante el encuentro en Casa Rosada, la CGT apenas pudo expresar su rechazo a los lineamientos de la reforma laboral presentados por el ministro Federico Sturzenegger, sin que se abriera un diálogo real sobre el proyecto.
Algo que da cuenta del valor meramente simbólico del Consejo de Mayo (además del hecho de que Milei nombró a todos sus integrantes por decreto) es que, pese a la falta de acuerdo, La Libertad Avanza planea presentar el documento final de las reformas el 9 de diciembre, un día antes del recambio legislativo.
Mientras se desarrollaba la reunión del Consejo del Salario, las dos CTA y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo para exigir que el salario mínimo alcance el valor de la Canasta Básica Total, además de reclamar un bono de fin de año, actualizaciones de programas sociales y el reconocimiento al trabajo socio-comunitario.
Hugo Godoy advirtió que el oficialismo, en acuerdo con la UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural, impidió alcanzar una mejora real y habilitó que el Ejecutivo resuelva “con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”. Calificó la situación como “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y los ingresos de los trabajadores“.
“Los empleadores ofrecen como salario mínimo lo que se gastan en una cena“
Las posiciones entre trabajadores y empresarios quedaron completamente distanciadas durante la negociación. La CGT y la CTA de los Trabajadores propusieron llevar el salario mínimo a $512.000 en diciembre y $553.000 en abril de 2026. Por su parte, la CTA Autónoma reclamó $736.000, una progresión del pedido que habían formulado en abril pasado.
Del lado patronal, la propuesta resultó notablemente inferior: $326.000 en la actualidad y $349.000 a partir de abril. El aumento ofrecido inicialmente fue de apenas $4.000 ahora y $23.000 adicionales en el cuarto mes del próximo año.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, ironizó sobre la propuesta durante la reunión: “Los empleadores ofrecen como salario mínimo, vital y móvil la suma que se gastan en una cena“.
Tras un cuarto intermedio en el que ninguna de las partes modificó su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que resolvería el incremento mediante decreto, privilegiando nuevamente la posición empresarial. Las cinco reuniones realizadas durante la gestión Milei finalizaron de la misma manera: sin acuerdo y con definición unilateral del Ejecutivo.
El salario mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen jornada completa de 48 horas semanales, mientras que para trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. Esta actualización, vigente hace cuatro meses, no logró compensar la inflación acumulada.
Lo cierto es que según un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA), desde que comenzó el gobierno de Milei, el salario mínimo perdió 35,2% de su poder de compra.
El estudio señala que esta pérdida se acumula con retrocesos previos: el salario mínimo de octubre de 2025 se encuentra 45,6% por debajo de su valor real de noviembre de 2019, al cierre del gobierno de Cambiemos, y 58,4% inferior al registrado en noviembre de 2015.
Si se considera la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el salario debería aumentar 71,6% entre hoy y abril de 2026, lo que implica ajustes mensuales acumulativos del 11,4%. Para recuperar el poder adquisitivo de 2015, el monto debería alcanzar los $760.000.
El poder de compra del salario mínimo se ubica casi 60% por debajo del promedio de 2023 en términos reales. Según Cifra, su valor actual es incluso inferior al vigente durante buena parte de los años 90 y al de la crisis de la Convertibilidad, cuando fue abandonado como herramienta para fijar pisos salariales y reducir la desigualdad.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) ubicó al salario mínimo argentino como el más bajo de América Latina en su ranking de noviembre. Costa Rica encabeza la lista con u$s729, seguida por Uruguay (u$s593), Chile (u$s567) y Ecuador (u$s470). Argentina aparece última con u$s225, por debajo de países como Bolivia (u$s395) y Paraguay (u$s411).
La comparación con las líneas de pobreza e indigencia agrava el panorama. En octubre, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica que marca el umbral de pobreza, ubicada en torno a $1,2 millones.
El salario mínimo equivale actualmente a menos de una quinta parte del sueldo promedio del empleo privado registrado, lo que habla de una amplia brecha entre trabajadores. Además, su impacto trasciende el sector formal, ya que sirve como parámetro para los trabajadores informales y determina el cálculo de diversas prestaciones sociales.
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Mientras tanto, en el Consejo de Mayo no avanza la reforma laboral
Mientras tanto, el más reciente encuentro del Consejo de Mayo en Casa Rosada evidenció la falta de voluntad oficial para consensuar la reforma laboral con las organizaciones sindicales.
La reunión, que duró casi dos horas, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y contó con la participación del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien presentó los lineamientos del proyecto ante representantes de provincias, legisladores, la CGT y empresarios.
Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y hombre fuerte de la CGT, ingresó con expectativas de abrir un diálogo, pero se retiró visiblemente molesto. En la foto oficial del Consejo, aparece serio y apartado, siendo la única persona que no sonríe.
“No estamos de acuerdo con los objetivos que se plantean por parte de Federico Sturzenegger“, declaró a su salida, advirtiendo sobre la posibilidad de una movilización o un paro si no hay acuerdo.
Durante el encuentro, Martínez apenas pudo dejar sentado el desacuerdo de la central obrera con los puntos enumerados, pero Sturzenegger no respondió a sus críticas ni abrió espacio para el debate. El titular de la UOCRA insistió: “No aceptaremos ninguna reforma laboral que signifique pérdida de derechos”.
Ante la evidente falta de convocatoria formal del Gobierno, la CGT aceleró gestiones para construir alianzas con gobernadores, legisladores y sectores pyme. Este miércoles, el triunvirato de la central recibió a representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El encuentro buscó romper la percepción de que todos los empresarios apoyan la reforma oficial. Acordaron una postura común: conocer los detalles del proyecto y rechazar la injerencia estatal en la relación entre trabajadores y empresarios. Desde el triunvirato salieron con la seguridad de que las reformas no solucionarán los problemas de empresarios ni trabajadores.
Sobre la fecha de presentación del documento final surgieron contradicciones dentro del propio Ejecutivo. Mientras el Gobierno sostenía que sería el 15 de diciembre, el diputado Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, afirmó tras la reunión: “Seguro presentaremos los proyectos el 9 de diciembre”.
La senadora Carolina Losada señaló que la reforma laboral “está muy avanzada” y que seguramente el Congreso le hará cambios cuando estén presentados. Ritondo explicó que “la CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”.
