El Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se refirió a la judicialización de la política, reconoció el proceso de lawfare existente en nuestro país así como la existencia de presos políticos aunque rechazó un posible indulto por considerar que significaría “admitir culpabilidad” en causas con “jueces pagados y testigos comprados”.
En entrevista para Toma y Daca, por AM 750, Mena resaltó la importancia de la reforma judicial y contó que están trabajando activamente en ella. “Hay un consenso de que la Justicia funciona mal. Hay que volver a los cauces normales. Los jueces se tienen que sacar las ganas de jugar a la política”, señaló.
El funcionario del gobierno nacional remarcó que la reforma judicial se compone de varias leyes, “una es la reforma de la estructura y de reordenamiento de competencias, que ya se envió al Congreso. Después, habrá más leyes”, agregó.
Mena también señaló que se debe discutir el funcionamiento de la Corte Suprema:
“Hoy la Corte Suprema funciona en forma anómala. No me satisface en lo personal que con una mayoría de tres personas la Corte defina el destino judicial del país” indicó y agregó: “Hay que reordenar el funcionamiento de la Corte: tienen 30 mil causas por año, su funcionamiento es anómalo”.
En relación a la judicialización de la política, el Secretario de Justicia expresó que “la judicialización de algunas decisiones del Gobierno se ha expandido anómalamente en los últimos años” al tiempo que hizo referencia al fallo de una jueza provincial chaqueña, que suspendió la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia.
“Parece que algunos jueces sufren una especie de hipertrofia del poder. Se sienten por encima del Poder Ejecutivo y Legislativo” criticó y recordó que “durante el segundo Gobierno de Cristina hubo un bombardeo de fallos judiciales para impedir la aplicación de políticas”.
“Los jueces no deciden qué leyes gobiernan el país. Eso está mal. Eso es inconstitucional” advirtió Mena.
Luego, en relación al lawfare o la persecución política por medios judiciales y mediático, Mena señaló que “lo que se denunció como Lawfare no es algo exclusivo de nuestro país, sino que se desplegó en toda la región”.
“Macri persiguió gente y encubría su gestión de Gobierno. Durante su gobierno hubo un saqueo de las arcas públicas mientras se perseguía gente a través de la Justicia”.
“El eje de la campaña 2015 fue judicial: persecución a CFK y el alzamiento de Macri a través de la muerte de Alberto Nisman”, recordó.
Además expresó que sin vueltas ni medias tintas que en Argentina hay presos políticos de factores de poder real:
“Exigimos que se revisen actuaciones judiciales. Hay que investigar las irregularidades en esas causas. Hubo enormes arbitrariedades en los procesos judiciales: jueces pagados y testigos comprados. Esos eran los brazos armados de la persecución”.
Finalmente, el funcionario del Ministerio de Justicia negó que se baraje la posibilidad de un indulto para resolver la cuestión de los presos políticos. “La discusión sobre indulto la armaron desde la oposición para distraer. En términos personales, rechazo el indulto porque admitirlo sería admitir culpabilidad” advirtió.
