Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI iniciaron un nuevo paro de 72 horas para exigirle al gobierno de Javier Milei honorarios justos para poder sostener la atención a los jubilados. ¿Cómo es la situación en el organismo?
Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI comenzaron este lunes un paro nacional de 72 horas. La medida, convocada bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores“, apunta a reclamar una actualización urgente de los valores cobrados por consultas profesionales.
Los profesionales advierten que la situación actual dificulta sostener los consultorios y garantizar la continuidad del servicio a jubilados y pensionados en todo el país en medio del ajuste que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei.
Además, señalan que muchos médicos han ido abandonando el sistema, lo que genera demoras significativas para los afiliados: según describió el abogado previsional Christian D’Alessandro, hay casos en los que los turnos disponibles recién aparecen para agosto, septiembre e incluso octubre.
El origen del conflicto se remonta a la resolución 1107/2026, que introdujo cambios en el esquema de pagos con efectos retroactivos al 1° de abril. La medida elevó la cápita (el monto que cobra el médico por cada paciente a cargo) a $2.100, pero al mismo tiempo eliminó beneficios adicionales que los profesionales venían percibiendo.
El resultado neto, según denuncia la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), fue una caída real de los ingresos superior al 50%.
Ante el rechazo de los profesionales, que ya habían realizado una medida de fuerza en abril, se abrió un período de negociaciones. Sin embargo, el resultado fue magro: la cápita fue llevada a $2.400, un aumento de apenas $300 por paciente. Para APPAMIA, ese incremento resultó insuficiente para revertir el daño provocado por la resolución.
Desde la conducción del PAMI, la institución defendió los cambios señalando que no se trató de una reducción sino de una “estandarización” del tarifario. En su argumentación, el organismo sostuvo que un médico con 800 pacientes vería sus ingresos pasar de $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representaría un incremento del 121%.
Los profesionales, en cambio, sostienen que ese cálculo no refleja la realidad del ejercicio cotidiano de la medicina en el primer nivel de atención.
La crisis en PAMI deja expuestas las tensiones entre Lugones, Sturzenegger y Caputo por la distribución de fondos
“Uno tiene la tristeza de ver médicos que van renunciando”
Atilio Rossi, referente de APPAMIA, es uno de los voceros más activos del reclamo. En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, explicó el camino que llevó a la nueva medida de fuerza.
“A pesar de no haber obtenido ningún tipo de respuesta en su momento cuando hicimos el paro, tratamos de buscar diálogo y alternativa para ver si esta gente se daba cuenta de la locura que había hecho”, dijo.
Sobre el resultado de esas negociaciones, fue directo: “A nosotros nos habían reducido el salario un 52% en forma intempestiva, retroactiva al 1 de abril, que fue una locura, y después de tanto diálogo o tratativas nos han dado el aumento a 2.400, o sea, nos han aumentado 300 pesos, de la cápita nuestra, cosa que nos hace imposible mantener nuestros consultorios”.
Rossi también describió las consecuencias que el conflicto ya está teniendo sobre el sistema: “Uno tiene la tristeza de ver médicos que van renunciando en diferentes áreas del país, porque desgraciadamente así no se puede trabajar”.
“Cada vez los pacientes se encuentran con más dificultad en todo el sistema prestacional en general del PAMI, y uno ve cómo va produciéndose una degradación en todos los aspectos, y va en forma progresiva”, agregó.
El dirigente expresó además una preocupación más estructural: “La alternativa que a nosotros nos preocupa es que todo esto tenga como intencionalidad destruir el primer nivel de atención, que yo creo que es el pilar fundamental de contención de los adultos mayores”.
Para el cierre de la semana, Rossi convocó a una movilización para este miércoles al mediodía, con el objetivo de visibilizar colectivamente el reclamo ante la sociedad.
Caputo intenta pagar la deuda de PAMI con bonos
La crisis que atraviesa PAMI no se limita al conflicto con los médicos de cabecera. El organismo acumula una deuda con prestadores de salud que supera los 500.000 millones de pesos, y la forma en que el gobierno nacional está intentando resolverla suma otro frente de tensión.
En el caso de las farmacias, el PAMI anunció que cancelará montos adeudados no con dinero en efectivo, sino con Letras Capitalizables del Tesoro Nacional (Lecap). Específicamente, se trata del instrumento denominado S31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026.
Los períodos incluidos en este esquema abarcan la primera y segunda quincena de marzo, la primera quincena de abril en concepto de anticipo, y una prestación de pañales correspondiente a mayo de 2025, un atraso que lleva más de un año.
El mecanismo fue avalado por la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) en una reunión de su cuerpo confederal. Luego de esa aprobación, la entidad remitió la documentación correspondiente al PAMI, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la fecha en que el organismo transferirá los títulos.
La diferencia entre recibir pesos y recibir una letra del Tesoro es concreta. Si la farmacia conserva el instrumento hasta su vencimiento, cobra el capital original más la renta acumulada.
Pero si necesita liquidez antes de esa fecha (algo frecuente en comercios que deben reponer stock, pagar alquileres y cubrir sueldos), deberá vender la letra en el mercado secundario, donde el precio puede estar por debajo del valor nominal. La quita no figura en ninguna resolución oficial, pero puede materializarse en la operación de venta.
El esquema no es nuevo en la gestión del ministro de Economía Luis Caputo. En mayo de 2024, el gobierno utilizó un mecanismo similar para regularizar la deuda del Estado con generadoras eléctricas y productoras de gas a través de la empresa Cammesa, cancelando compromisos con Bonos de la República Argentina en Dólares (AE38).
En aquel caso, la deuda acumulada rondaba los 1.200 millones de dólares y las empresas del sector energético que aceptaron los términos oficiales terminaron absorbiendo una quita de hecho cercana a la mitad del capital.
La diferencia con el caso PAMI es de escala y de actor. Mientras que las compañías energéticas cuentan con equipos legales y financieros para negociar y administrar títulos públicos, una farmacia de barrio opera con márgenes mucho más ajustados.
Su ciclo financiero depende del pago puntual de la obra social para sostener la cadena de compra a droguerías, el pago de empleados y la reposición de medicamentos.
