La reciente Marcha Federal Universitaria evidenció una narrativa oficial orientada a erosionar el consenso social que sustenta a la educación superior pública.
La movilización reinstaló en el espacio público un conflicto concreto: la aplicabilidad de la Ley de Financiamiento Universitario oportunamente sancionada y ratificada por el Poder Legislativo, cuyo efectivo cumplimiento se encuentra judicializado y esperando resolución de la Corte Suprema de Justicia, mientras el Poder Ejecutivo persiste en la retención de las partidas correspondientes.
No obstante, más allá de las dimensiones estrictamente presupuestarias, el objeto central de análisis radica en el encuadre (framing) adoptado por el oficialismo. La estrategia gubernamental va más allá de la justificación del ajuste basada en variables fiscalistas, optando también por impugnar la legitimidad de la demanda. Para alcanzar este objetivo, el discurso oficial busca inocular en un sector de la ciudadanía la percepción de que la comunidad universitaria no moviliza la defensa de un derecho, sino la preservación de un privilegio.
El encuadre mediático y la realidad
Una intervención del comunicador Alejandro Fantino en la plataforma de streaming Neura condensó de manera nítida esta lógica discursiva. Su argumento postuló que la movilización representa los intereses de los grandes centros urbanos y de una élite con acceso a la educación superior, mientras que los habitantes trabajadores de la periferia o del “interior profundo” permanecen ajenos al debate debido a que la universidad pública no constituye una variable en su cotidianeidad. El diseño de este argumento persigue la construcción de una dicotomía que desvincula la causa universitaria de las prioridades del sector privado y de las comunidades de menor densidad demográfica.
La inconsistencia de este planteo radica en que los datos empíricos contradicen la tesis formulada. Varias de las localidades citadas por Fantino como ejemplos de aislamiento geográfico registran sedes o extensiones universitarias en un radio inferior a los cien kilómetros (como el caso de la comuna cordobesa de La Francia, ubicada a escasa distancia de una sede de la Universidad Tecnológica Nacional). Esto demuestra que la narrativa se edifica sobre un diagnóstico falaz del despliegue territorial de la educación superior en Argentina.
Aún así, la lógica indica que cualquier expansión de la oferta universitaria presupone un mayor nivel de financiamiento por parte del Estado Nacional. Resulta marcadamente contradictorio marcar las limitaciones de un sistema mientras se justifica su desfinanciamiento.
Desfinanciamiento y justificación: un mecanismo habitual
Este procedimiento constituye un patrón de conducta gubernamental previamente ensayado ante instituciones de alta valoración social, tales como el Hospital Garrahan o el CONICET. El dispositivo opera de la siguiente forma: inicialmente se ejecuta la contracción presupuestaria y, de forma paralela, se exponen y amplifican las disfunciones del sistema (como la difusión de irregularidades administrativas específicas, aunque solo constituyan excepciones o, incluso, no estén basadas en hechos reales). De este modo, se presentan dichas anomalías como la causa que justifica el ajuste, cuando se está perjudicando a todo un sistema que, en muchos casos, se mueve con estándares normativos justos.
Se configura aquí el fenómeno clásico del “doble pensar” conceptualizado por George Orwell: la asimilación simultánea de premisas contradictorias. Se argumenta que la ineficiencia del sistema exige una reducción de sus partidas; consecuentemente, la carencia de recursos profundiza el deterioro operativo, lo cual termina por empeorar el diagnóstico original. El ciclo de retroalimentación discursiva adquiere así una perfecta circularidad: apuntando a formar la idea de que el Estado no debería ser quien asuma esa responsabilidad.
La contradicción interna del relato oficial se vuelve manifiesta: mientras que hace una década la impugnación se centraba en la proliferación desmedida de centros universitarios en el conurbano bonaerense (“universidades por todos lados”), la narrativa actual postula que la educación superior es un fenómeno estrictamente centralista y elitista. Ninguno de estos diagnósticos se traduce en políticas orientadas a la democratización o ampliación del acceso; su funcionalidad es estrictamente instrumental para legitimar la contracción del gasto público.
La canalización del malestar: de la ampliación de derechos al resentimiento
La dimensión más compleja de esta estrategia no radica en su inconsistencia lógica, sino en su eficacia política. El discurso interpela a un estrato demográfico real: ciudadanos excluidos del acceso a la educación superior por condicionantes geográficos, educativos o por su temprana inserción en el mercado laboral informal. Frente a este malestar legítimo, la intervención gubernamental no promueve una demanda colectiva por la expansión de derechos, sino que reorienta dicha frustración bajo la forma de encono o resentimiento hacia los sectores que efectivamente ejercen el derecho a la gratuidad universitaria.
Una alegoría de esta dinámica se encuentra en la película de Quentin Tarantino Django Sin Cadenas, específicamente en el personaje del esclavo que interpreta Samuel Jackson que, lejos de hallar inspiración en ver a Django siendo un hombre negro libre, desarrolla un rechazo visceral hacia él al no tolerar la quiebra de la condición de subordinación compartida. El objetivo analítico de la narrativa oficial es análogo: asegurar que el sujeto imposibilitado de acceder a la educación superior no perciba al estudiante universitario como un horizonte de movilidad social ascendente, sino como un antagonista cuyos supuestos privilegios deben ser suprimidos.
La construcción de hegemonía libertaria
A pesar de su autoidentificación con la derecha doctrinaria, la gestión de la administración libertaria aplica una metodología de matriz gramsciana, planteando la batalla cultural para la construcción de una hegemonía cultural. En este esquema, el concepto de “privilegio” ha sido redefinido: ya no engloba exclusivamente las mañas de la burocracia estatal, sino que asimila en dicha categoría a derechos sociales básicos, como el acceso a una educación superior financiada por el Estado.
Este mismo patrón se replica en el mercado de trabajo. Se estimula una fractura discursiva entre los asalariados bajo relación de dependencia (principalmente del sector público) y los trabajadores independientes o informales, induciendo la percepción de que algunos derechos laborales son ventajas corporativas de ciertos grupos, en lugar de derechos que pueden ser universalizados. La propuesta no contempla una movilidad ascendente de las condiciones laborales, sino una igualación hacia la precarización.
La paradoja fundamental de este proceso radica en que, al contraer las partidas del presupuesto universitario, el Estado genera las condiciones materiales para que la educación superior se transforme en un bien elitista y excluyente. El dispositivo gubernamental habla primero de las falencias estructurales para, en una etapa posterior, instrumentalizar dicho deterioro como la justificación definitiva de su desarticulación.
Es un desafío para todos los que creemos en transformar las estructuras de acceso al sistema universitario el poder salir de una postura conservadora y meramente defensiva, para construir una salida que expanda los alcances de una de las instituciones históricas de la movilidad social ascendente en nuestro país.
