Una multitud se movilizó en el marco de la Marcha Federal de la Salud convocada para visibilizar el ajuste de Javier Milei en el sistema de Salud, que asciende a 63.000 millones de pesos y afectan medicamentos, vacunas, tratamientos oncológicos y programas sanitarios esenciales.
Más de 60.000 personas marcharon este miércoles en Buenos Aires en rechazo a los recortes del gobierno de Javier Milei en el área de Salud, que ascienden a 63.000 millones de pesos y afectan medicamentos, vacunas, tratamientos oncológicos y programas sanitarios esenciales.
La movilización, denominada Marcha Federal de la Salud, tuvo epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero se replicó en Rosario, Córdoba, Jujuy y Chaco, bajo la consigna “La salud no puede esperar”.
La Marcha Federal de la Salud
La movilización partió desde el Ministerio de Salud de la Nación y culminó en Plaza de Mayo, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y la CICOP, el gremio de profesionales de la salud bonaerense.
Participaron trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades provinciales y municipales, y ciudadanos de a pie.
Allí se leyó un documento de cierre que denunció la caída del presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud en un 40% respecto de 2023, el desfinanciamiento de programas esenciales y el deterioro generalizado del sistema público.
También advirtió que más de 742.000 personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga desde el inicio de la gestión, y que los hospitales públicos registran niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del invierno.
Kicillof se reunió con casi 70 intendentes en la previa de la Marcha Federal de Salud
Entre los carteles de la manifestación se leían mensajes como “Si hay cascada que sea de medicamentos”, “Si nos quieren vaciar las salas lucharemos en las calles” y “La casta que no llega a fin de mes te atiende las 24 horas”. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, encabezó la movilización junto a intendentes del conurbano y fue uno de los oradores principales.
“El Gobierno Nacional está destruyendo el sistema de salud público, de la seguridad social, está sacando los medicamentos, las vacunas, está bajando los sueldos en las residencias. Está destruyendo la salud de hoy y del futuro. El pueblo no va a entregar sus derechos”, afirmó.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, también tomó la palabra: “Estamos en la calle porque los recortes de Milei nos están conduciendo a una catástrofe sanitaria en la Argentina”.
“El 80% de las obras sociales están desfinanciadas, los salarios de trabajadores están por debajo de la pobreza, millones de argentinos y argentinas no pueden acceder al derecho a la salud. Queremos que esto cambie”, agregó.
Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS y de CICOP, centró su intervención en el trasfondo político del recorte: “Estas decisiones responden al avance en la eliminación del principio de la salud como derecho“. Hugo Yasky, de la CTA-T, fue más escueto: “El pueblo en la calle va a poner un límite”.
También habló Gisel Oviedo, hermana de Dani, víctima del fentanilo contaminado que causó más de un centenar de muertes: “Consideramos que somos las principales víctimas de este desfinanciamiento y desregulación. Para que no vuelva a suceder”.
El gobernador Axel Kicillof también se pronunció públicamente, acusando al gobierno nacional de desviar la atención y de acumular una deuda con la provincia de Buenos Aires que supera los 18 billones de pesos, de los cuales más de 3 billones corresponden a salud y programas asociados.
El gobierno nacional, por su parte, rechazó las acusaciones. Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria, sostuvo que “de ninguna manera” existe una reducción de fondos y habló de “una configuración sobre la eficiencia y el ahorro en los manejos de los recursos”.
“No existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento“, remarcó, y calificó las movilizaciones como de “tinte netamente político”. Sin embargo, los propios números del gobierno revelan que el ajuste existe y está causando estragos en el sistema.
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El Plan Remediar, que abastecía a más de 8.000 centros de salud en todo el país con medicamentos gratuitos, fue desfinanciado y su vademecum reducido, lo que derivó en un aumento de internaciones que podrían haberse evitado.
El PAMI perdió más del 50% de las transferencias nacionales en el primer cuatrimestre del año: según los manifestantes, uno de cada cuatro jubilados ya no puede retirar sus medicamentos en farmacias.
En Rosario, la secretaria general de ATE, Lorena Almirón, ilustró la situación con un testimonio puntual: “Escuchaba a una jubilada decir que compraba su medicación mes por medio porque no podía comprarla todos los meses”.
Las internaciones en el sector público bonaerense crecieron un 35% desde el inicio de la gestión libertaria, y las camas de terapia intensiva en el conurbano registran entre el 80 y el 90% de ocupación en mayo, previo al pico invernal. Quienes ocupan esas camas son, en su mayoría, personas que perdieron su cobertura privada.
Los manifestantes también alertaron sobre faltantes en el Calendario Nacional de Vacunación y recortes en áreas de salud mental y discapacidad. No solo se recortó el Remediar, sino también el insumo de medicamentos oncológicos y el insumo de vacunas para que la población esté correctamente inmunizada.
