Marcelo Rufino, un abogado ligado al operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -quien cumplió más de 500 días prófugo de la Justicia– cobró miles de dólares de honorarios de YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados a “previo vil”.
La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias. Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –del estudio Llerena & Asociados, donde también trabajó Rodríguez Simón- es Germán Vito Fernández Lahore, quién ocupaba el cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF.
El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en la petrolera donde Rodríguez Simón era director en tiempos de Cambiemos, sino que llegan al traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.
La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional.
Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación presentada por YPF están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses.
Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.
El Poder para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. Además, los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aporto a Servini no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.
En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil por u$s50.000 fue emitida el 28 de junio de 2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.
“Operación OCSA”
El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro.
Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.
Todos estos elementos configuran una nueva confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre el gobierno de Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía.
