Magnetto había reclamado que se condenara a los Papaleo “a resarcir los daños y perjuicios ocasionados debido a las calumnias e injurias que le profirieron”. Sin embargo, en su fallo, el juez Hernán Pagés manifestó que:
“frente a la trascendencia histórica y mediática que tomó en su momento la causa penal… se impone un deber de soportar el daño para proteger algo que en realidad está fuera del conflicto entre esas dos partes. Ese algo es la libertad de expresión”.
El contador y empresario de medios pedía un millón de pesos a Lidia Papaleo y 750 mil a Osvaldo Papaleo, y en su demanda también embestía contra el kirchnerismo, atribuyendole “el infame propósito, propio de los regímenes totalitarios, de reescribir la historia para adecuarla a sus intereses” en relación al ilegítimo traspaso de la empresa de la familia Graiver a la sociedad constituida por los diarios Clarín, La Nación y La Razón más el Estado Nacional.
Magnetto fue sobreseído durante el actual gobierno por el juez federal Julián Ercolini. Desde entonces, con infrecuente celeridad, el fallo fue confirmado en todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema. Esto despejaba el camino para el reclamo de un resarcimiento económico por parte de Magnetto
No obstante, el juez civil replicó que:
“en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también las de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios, los poderosos o a un sector cualquiera de la población””
“El ejercicio de la jurisdicción en el caso de los jueces y el impulso de la acción penal en el caso de los fiscales, jamás puede constituir persecución política. Suponen uno de los pilares esenciales del régimen republicano de gobierno. Y si alguna vez pudo suceder excepcionalmente que un magistrado o un fiscal pudo haber operado sumisamente ante los factores del poder de turno para servir más a esos intereses que a la justicia, corresponde que se ejerzan las acciones a los fines de su remoción y adecuada sanción.”
