El Consejo de la Magistratura rechazó las denuncias contra Ramos Padilla padre y Luis Rodríguez

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El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó hoy denuncias contra los jueces Juan María Ramos Padilla y Luis Rodríguez. La denuncia contra el juez Rodolfo Canicoba Corral no se incluyó en el orden del día y también se archivaron los casos contra el ícono del lawfare en Argentia, el difunto juez Claudio Bonadío.

La acusación contra Juan María Ramos Padilla

El camarista porteño había sido acusado en su calidad de ciudadano, según el mismo expresó en una entrevista, por el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf e Lucas Incicco, a raíz de expresiones en Twitter de supuesta “índole agraviante, indecorosa, de manifiesto contenido político partidario y hasta promoviendo la violencia política y el odio racial”.

Ramos Padilla manifestó que esas expresiones no afectaron su función como magistrado, en tanto ninguna de sus declaraciones guardan relación con causas sometidas a su juzgamiento.

La respuesta del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, fue contundente: “Los jueces tenemos derecho a decir lo que pensamos, si alguna persona se siente lesionada tiene derecho a iniciar los daños y perjuicios”.

No obstante, reconoció que “el estilo de él es muy particular”, aunque advirtió que “por no compartir el estilo” no amerita”limitar lo que él debe decir”. “Estamos en el ámbito muy complejo que es el de la libertad de expresión” concluyó.

El caso de Luis Rodríguez

La acusación contra el juez federal de Comodoro Py era por cobrar sobornos. Se trata de una denuncia que data de 2018. El consejero académico Diego Molea fue quien propuso desestimar las presentaciones. 

Molea señaló que habían pedido medidas de prueba y que la Justicia Penal dictó el sobreseimiento del juez con el acompañamiento de la Fiscalía, “por lo cual no nos queda más nada que desestimar la denuncia contra el juez Rodriguez”.

Por su parte Lugones adhirió al desistimiento de la denuncia, ya que “si está previsto por régimen procesal y legal que la cuestión debatida en orden al enriquecimiento ilícita de un magistrado es competencia de un juez federal, no me siento en mi caso con capacidad para cuestionar lo que ese juez resolvió”.

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