El juez federal Ariel Lijo rechazó este lunes el planteo realizado por los abogados de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, solicitando la nulidad de todo lo actuado en la causa penal que investiga la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre otros, del ministro Oscar Aguad.
Lijo substanció dos resoluciones: en una rechaza el planteo de nulidad del dictamen del fiscal y en otra desestima una acción de los defensores que habían alegado inexistencia de delitos.
La defensa del titular de la empresa argumentaba que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, se había basado en el dictamen de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín en el expediente concursal, y que según los abogados tenía una “finalidad política”.
Concretamente, cuestionaban la cifra de $ 70.163.910.895,10 esgrimida por la fiscal para mensurar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado Nacional en el expediente del concurso preventivo. En ese sentido, manifestaban que era “absurda y fue el resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por errores conceptuales y jurídicos”.
Además, el juez ratificó que pudo haber existido un accionar irregular por parte los representantes del Estado con el objetivo de beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos, como había planteado Pollicita. El fiscal había sido contundente y señalado que:
“al materializar la convocatoria, se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (CASA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”.
La defensa recurrió al informe solicitado al Estudio “Mc Ewan, Roberts, Dominguez y Carassai” donde se concluye que, al 28 de junio de 2016, el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre $ 528.800.216,35 y $ 651.321.558,21, según se aplique para la actualización del valor del crédito verificado, o bien la tasa de interés pactada (Libor por 3), o bien aquella fijada por el Banco de la Nación Argentina como tasa pasiva.
Pollicita rechazó el planteo duramente, ratificando que efectivamente estaban dadas las sospechas por las que finalmente el juez Ariel Lijo citó a los imputados, incluido a Aguad a indagatoria.
