En el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a CFK y al Instituto Patria, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del expresidente Mauricio Macri y los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani entre junio y noviembre de 2018.
Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios exdirectivos de la AFI de su gobierno.
El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen “los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas” a Macri, Arribas, Majdalani, y a los exfuncionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales), un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo.
También pidió a la AFI que “brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas” a las mismas personas.
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que:
“Aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018” de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens.
Desechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos”. El magistrado consideró que no se puede “garantizar la preservación de su original contenido”.
“También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas“, requirió el juez.
La imputación a Macri
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó al expresidente Macri como responsable del armado de un “plan sistemático” de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.
Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, exjefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal Picardi enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani.
En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de “un plan sistemático y organizado”, que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI macrista para poder darle una cobertura “legal” al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.
Sin juicio por ahora
Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal.
Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste.
“En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno”, indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.
