Ley de identidad de Género: repercusiones a 10 años de su sanción

Se cumplen diez años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género el 9 de mayo de 2012, mediante la cual se reconoció el derecho a registrarse oficialmente según la identidad autopercibida y, desde entonces, 12.655 personas realizaron rectificaciones en su documento.

La ley Nº 26.743 había sido promovida por numerosas organizaciones LGBTIQ+, quienes crearon el texto inicial de la Ley. Además, la innovadora normativa sentó precedente a nivel mundial, y posteriormente fue acompañada por el decreto 476/21 que implementó el DNI no binario.

Por otro lado, según los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior, 12.655 personas rectificaron su DNI desde su sanción, siendo el 2,2% extranjeras.

Asimismo, el informe detalla que seis de cada diez personas que recibieron un nuevo documento de identidad eligieron la categoría “mujer”, mientras que cuatro de cada diez, la de “varón”.

A partir de los datos adquiridos desde la sanción de la Ley, también se pudo comprobar que 335 de ellas murieron durante los últimos diez años, lo que equivale al 2,64%, mientras que la edad de muerte fue de 40 años en promedio.

Además, el 75% murió antes de cumplir los 53 años, por lo que la expectativa de vida de este sector poblacional apenas llega a la mitad del promedio argentino (76,6 años). Estos datos confirman la vulnerabilidad del colectivo denunciada desde hace décadas por las organizaciones LGBTIQ+.

Finalmente, el informe detalla que la población que cambió su documento de identidad se encuentra en un promedio de edad de 33 años, siendo la mitad menor de 30 años.

¿Qué dice la Ley de Identidad de Género?

En primer lugar, la Ley define la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente” y aclara que ésta “puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento“.

Además, señala que “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole”, así como “otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales“.

Por otro lado, y mediante el artículo 3, expresa que “toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo” y “el cambio de nombre de pila e imagen“, cuando “no coincidan con su identidad de género autopercibida”.

Para ello, detalla que las personas mayores de 18 años deben presentar su solicitud ante el RENAPER, que rectificará su acta de nacimiento y entregará un nuevo DNI acorde a sus necesidades.

Entre tanto, aclara que los individuos menores de 18 años pueden realizar la operación a través de sus representantes legales. Sin embargo, la Ley observa que en caso de la negativa de parte de los representantes a reconocer el pedido del menor de edad, éste podrá apelar a una “vía sumarísimo” para que el Poder Judicial resuelva.

Asimismo, la norma declara que se trata de un derecho gratuito y que no requiere de la intervención de gestores o abogados, ni la necesidad de ningún trámite judicial, a menos que sea necesaria una nueva rectificación.

El artículo 7 asegura que la rectificación de la identidad de género no implicará ninguna alteración en los derechos “provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados”.

Además, el articulo 11 garantiza el libre acceso a los servicios de salud, de modo que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para “adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, y aclara que:

“Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona”.

Finalmente, a través del articulo 12 se promueve el “trato digno”, y el respeto por el nombre y género adoptado, debiendo ser adoptado en todo registro (público o privado) a pedido del individuo.

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