El “arrepentido” estrella del macrismo, Leonardo Fariña, será testigo de la fiscalía este martes en el juicio sobre la obra pública en Santa Cruz.
Fariña nunca se expresó sobre rutas, licitaciones o redeterminaciones de precios en la construcción de rutas, porque su campo eran las finanzas, no la obra pública. Pero en abril de 2016, sorpresivamente, apareció declarando sobre supuestos ilícitos, adelantos y maniobras de Lázaro Báez en combinación con el gobierno kirchnerista.
El objetivo era involucrar a Cristina Fernández de Kirchner. A cambio de eso consiguió la excarcelación y el Ministerio de Justicia macrista, encabezado por Germán Garavano, le otorgó la calidad de testigo protegido y le pagó alquileres y dinero para llevar adelante una vida privilegiada.
La entonces abogada de Fariña, Giselle Robles, contó que pactaron con el gobierno de Mauricio Macri.
A cambio de esa declaración le darían la excarcelación al arrepentido. Y para hacerla, como no sabía ni una palabra de obra pública, fue entrenado por otra abogada, Florencia Guijo, especialista en derecho administrativo y que había estado en el Ministerio de Planificación.
Guijo fue contratada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo que Fariña tenía que decir se le enviaba por escrito desde un mail del servidor proton, usado por la AFI. Guijo entregó copia de esos correos electrónicos.
Fariña fue convocado por el fiscal Diego Luciani ante el hecho de que, en el juicio conocido como Vialidad, los testigos no le aportaron evidencias para sostener la acusación.
El arrepentido fue una especie de asesor de Báez en temas financieros, pero no tenía ninguna relación con la actividad de Austral Construcciones, que era la obra pública.
El gobierno de Macri intentó vincular a Báez con CFK a través de cuentas y sociedades que el constructor tenía en Suiza. Sin embargo, no se encontró ni una sola prueba y el juez Sebastián Casanello excluyó a CFK del expediente que denominaron “La ruta del dinero K”.
Las cuentas y hasta el testamento de Báez sólo beneficiaban a sus hijos y esposa, de manera que el “argumento” de que el dinero de Báez era de CFK cayó rápidamente.
La AFI entonces urdió otra maniobra para sacar a Casanello, inventando una reunión entre el juez y la expresidenta, y se demostró que también eso fue un armado de la inteligencia macrista.
La otra forma en la que se trató de vincular a Báez con CFK es ésta causa, la de la obra pública de Santa Cruz. Para eso usaron a Fariña, que nunca había hablado ni sabía de la construcción de rutas.
La maniobra se concretó en abril de 2016. Sorpresivamente, Fariña apareció declarando sobre la obra pública y diciendo que existían coimas que Báez le pasaba al gobierno de CFK a partir de los anticipos de las obras y las redeterminaciones de precios para los que utilizó índices equivocados.
Gran parte de sus dichos ya naufragaron con los testimonios técnicos. Sin embargo, aquella declaración para involucrar a CFK le produjo beneficios inmediatos:
- Estaba preso por una causa que se tramitaba en La Plata y para lograr su excarcelación el macrismo sacó de la cancha al juez Carlos Rozansky.
- Ni bien declaró, lo excarcelaron y le dieron el beneficio de ser testigo protegido, pagándole un alquiler en uno de los edificios más lujosos de la avenida Juan B. Justo.
- En la causa de la Ruta del Dinero resultó condenado por haber movido fondos y bienes de Báez. Pero le reconocieron “su aporte”, bajándole la pena.
Lo que pretende ahora el fiscal es que repita sus falsos dichos sobre obra pública, para que le sirvan de argumento.
