Este lunes entró al Senado un proyecto de ley para combatir la indigencia impulsado por los titulares de los dos bloques oficialistas, Juliana Di Tullio y José Mayans. La “Ley de Refuerzo de Ingresos” busca reducir la indigencia, “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.
Esta es la respuesta a la fallida propuesta del Salario Básico Universal. Beneficiará a casi dos millones de personas que recibirán poco más de $ 15.000 por mes.
El proyecto llegó a la Cámara alta este lunes, luego de que el domingo hubiera una contundente marcha con reclamos de los movimientos sociales debido a la crisis económica. La iniciativa fue presentada por el bloque de senadores nacionales de Unidad Ciudadana, presidido por Juliana di Tullio. El proyecto también lleva la firma del senador José Mayans, titular del interbloque del Frente de Todos.
Un millón 700 mil adultos que están bajo la línea de la indigencia serán los beneficiados y cobrarán el equivalente a una canasta básica alimentaria todos los meses. Hoy para un adulto individual es de $15.057.
Esta suma será exclusiva para personas que no estén contempladas en otro programa social que otorgue el Estado. Para las arcas públicas representará una suma mensual de más de 25 mil millones de pesos. La política tendrá un costo fiscal del 0.09 puntos del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente.
La información sobre el universo de beneficiarios proviene de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según la última medición oficial, en la actualidad hay 37,2% de la población (17,4 millones de personas) que es considerada pobre en la Argentina. Y un 8,2% que vive en condiciones de indigencia.
A este último sector apunta este denominado Refuerzo de Ingreso que en un principio se iba a llamar “Ingreso Adicional Complementario“.
Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales. El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas.
El proyecto establece que sea ANSES la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.
La principal impulsora de este proyecto es Di Tullio, de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El trabajo se hizo en sintonía entre el Senado, Diputados y legisladores de ambas cámaras que presentaron proyectos similares, como el Salario Básico Universal. También están involucrados ministros del Gobierno de Alberto Fernández y la Anses. Y están en conocimiento los movimientos sociales y sindicatos.
“Somos conscientes de que, mientras abordamos la agenda de temas de mediano y largo plazo, una parte de la población requiere de medidas urgentes que no pueden esperar a resolver los indicadores macroeconómicos“, planteó Di Tullio en los fundamentos del proyecto.
“El objetivo de esta política transitoria es reducir drásticamente la indigencia, entendiendo que junto con la AUH podrán asegurar que todas las personas tengan cubierta la Canasta Básica Alimentaria“.
Una de la razones por las cuales no prosperó la idea de un salario universal, explican desde el kirchnerismo, es porque “el salario es relación de dependencia. Se tendría que contratar a alguien para darle un salario. Y no es universal porque es para un grupo“.
La Ley de Refuerzo de Ingresos intenta, según explicaron desde el Senado, reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad“.
