La Justicia suspendió la eliminación del programa Volver al Trabajo, protegiendo temporalmente a sus 900 mil beneficiarios de la avanzada de Sandra Pettovello, que pretende reemplazar la magra ayuda económica que reciben por un sistema de vouchers.
La Justicia asestó un duro revés al gobierno de Javier Milei y suspendió la eliminación del programa Volver al Trabajo, por lo que sus 900.000 beneficiarios seguirán cobrando los $78.000 mensuales pese al intento de la ministra Sandra Pettovello de reemplazar la prestación por un sistema de vouchers de capacitación.
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de beneficiarios del programa y ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener vigentes los pagos hasta que se dicte sentencia definitiva.
El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno un plazo de tres días desde la notificación para acatar la medida, con advertencia de aplicar multas diarias en caso de incumplimiento.
La demanda había sido promovida el 13 de abril de 2026 por Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón, quienes actuaron en nombre propio y en representación del conjunto de afectados.
Los demandantes argumentaron que la interrupción del programa constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales y plantearon una inconstitucionalidad por omisión, señalando que los beneficiarios son trabajadores de la economía popular en situación de extrema vulnerabilidad.
En ese sentido, remarcaron que no tienen inserción formal en el mercado laboral y dependen de esa prestación como ingreso principal o único. Entre ellos hay trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, centros de atención a personas con problemas de consumo de drogas y cartoneros.
En su resolución, el juez González Charvay consideró que la eliminación del programa fue un “corte abrupto” y que la cartera de Pettovello no previó ni implementó “medidas efectivas” para compensar la pérdida de una suma que atendía la condición de vulnerabilidad de sus destinatarios.
“El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor“, expresa la resolución. El magistrado también cuestionó específicamente el sistema de vouchers educativos propuesto por el Gobierno como alternativa:
“La referencia genérica de vouchers de capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”.
El juez fundamentó además su decisión en que la Argentina adhirió a las “100 Reglas de Brasilia” sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, a través de una acordada de la Corte Suprema de 2009, y que el sistema judicial debe configurarse como instrumento de defensa efectiva de sus derechos.
¿Qué es el programa Volver al Trabajo?
El programa Volver al Trabajo fue creado como sucesor del Potenciar Trabajo y está destinado a personas de entre 18 y 59 años. El Gobierno había anunciado su eliminación el 17 de marzo y su reemplazo por el programa “Formando Capital Humano”, formalizado mediante la Resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial.
A diferencia del programa anterior, el nuevo esquema no contempla una prestación mensual en dinero, sino el acceso a más de 4.300 cursos de formación. El pase al nuevo esquema estaba previsto de forma automática para los beneficiarios del programa anterior.
Vale mencionar que desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, el monto de $78.000 nunca fue actualizado. Además, la entrega de vouchers no prevé ningún tipo de apoyo a los beneficiarios mientras realizan las capacitaciones ni garantiza su inserción en el mundo laboral, por lo que en esencia únicamente los priva del ingreso y de tiempo de trabajo.
El fallo no implica la continuidad indefinida del programa, pero suspende cualquier baja o modificación hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto, lo que obliga al Gobierno a redefinir la transición hacia el nuevo esquema de capacitación.
La medida judicial llegó tras semanas de movilización por parte de organizaciones sociales que rechazaban la eliminación del programa. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha impulsaron jornadas de protesta bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
El 7 de abril, días antes del vencimiento del programa, hubo piquetes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. También se realizaron movilizaciones frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
Tras conocerse el fallo, la UTEP lo calificó como una victoria. “Al ser un amparo colectivo, esta victoria es una barrera de protección para los más de 950 mil laburantes de la economía popular que hasta el mes de abril percibían el programa en todo el país“, señalaron desde la organización.
Y agregaron: “Este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada“. La UTEP también remarcó que el fallo deja en claro que el programa cumple la función de garantizar un “ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral” y se pronunció en “estado de alerta y movilización para garantizar que se cumpla efectivamente”.
