Karina Milei volvió a quedar en la mira de la Justicia, esta vez por una licitación por 700 millones de pesos para el mantenimiento de los jardines en la Quinta de Olivos y Casa Rosada. Sospechan que las empresas simulaban ser competidoras para inflar los precios.
La Justicia federal volvió a poner la mira sobre Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, esta vez por una licitación valuada en casi 700 millones de pesos para el mantenimiento de los jardines y sistemas de riego de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
El fiscal federal Ramiro González solicitó al juez federal Sebastián Ramos, con sede en los tribunales de Comodoro Py, que requiera de manera urgente el expediente administrativo completo antes de resolver si corresponde abrir una investigación penal formal.
700 millones de pesos para mantener jardines
La contratación cuestionada corresponde a la licitación pública N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de ambas residencias oficiales. El centro de la investigación apunta a una presunta competencia simulada entre empresas vinculadas.
Según la presentación judicial, las firmas “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA” participaron del proceso como si fueran competidoras independientes, cuando en realidad (según la denuncia) ambas integran el mismo entramado societario bajo el nombre “Grupo Buena Vista SA”.
Esta situación, de confirmarse, habría generado una apariencia ficticia de competencia dentro del proceso, con el posible efecto de inflar el precio final pagado por el Estado.
La propia Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había advertido, en septiembre de 2024, sobre la relación entre ambas compañías en un dictamen técnico (el IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC) que quedó incorporado a la causa. En aquel momento, sin embargo, las actuaciones administrativas fueron cerradas porque no se detectaron irregularidades formales.
En su dictamen, el fiscal González optó por una postura cautelosa señaló que “dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio“.
El objetivo es determinar en qué etapa se encuentra el proceso y si los fondos efectivamente llegaron a desembolsarse. Con esa documentación en mano, la fiscalía resolverá si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones formales contra la funcionaria.
Los delitos señalados en la denuncia son fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Quién denunció y el contexto político
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque Coherencia y ex representante de La Libertad Avanza, partido con el que llegó al Congreso y del que tomó distancia posteriormente.
En su escrito, Pagano sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia tenía la obligación de “verificar la independencia económica de los oferentes” y que, al no hacerlo, habilitó “una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay”.
Esta presentación se suma a una serie de denuncias que la legisladora impulsó en los últimos tiempos contra funcionarios del gobierno de Javier Milei. Entre ellas, una causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con viajes y propiedades que no habrían sido declaradas.
Pero la de Pagano no es la única presión judicial que enfrenta el Ejecutivo. En los últimos meses, distintas causas judiciales han alcanzado a figuras del círculo más cercano al Presidente.
El próximo paso depende de la respuesta del Ejecutivo ante el requerimiento judicial. Una vez que el expediente llegue al despacho del juez Ramos, el fiscal González retomará el análisis para decidir si corresponde avanzar hacia una investigación penal en profundidad sobre la contratación y el papel desempeñado por la secretaria General de la Presidencia en el proceso.
