Chubut frenó la quita de subsidios al transporte y la situación podría replicarse en otras provincias

La Justicia Federal frenó la eliminación de subsidios al transporte en Chubut tras una cautelar presentada por el Gobernador Ignacio Torres. Aunque la medida se limita a dicha provincia, sienta un precedente que podría replicarse en el resto del país.

A principios de febrero el Gobierno de Javier Milei había anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Interior, subsidio recibido por empresas prestatarias de los servicios de transporte en las distintas provincias.

La decisión representaría una abrupta suba en los servicios de transporte de todo el país. Sin embargo, tras una presentación del Gobernador Ignacio Torres y otros funcionarios provinciales, la Justicia Federal suspendió la medida en Chubut.

La medida fue tomada en el Juzgado Federal de Rawson, que está a cargo del Juez Hugo Ricardo Sastre, y se aplica solo a dicho distrito. Aun así, implica un antecedente que podría replicarse en los demás territorios del país.

¿Qué dice el fallo?

En este contexto, el Juez dictaminó que el Poder Ejecutivo Nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior”.

Al fundamentar su decisión, remarcó que “el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna“, y apuntó a la finalización del periodo estival y el inicio del ciclo lectivo, “época de mayor demanda en el uso del transporte público”.

“Resulta a las claras, que, sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional“, argumentó.

Además, consideró que “la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva”, y provocó un “desequilibrio de las cuentas provinciales”, “una crisis empresarial en el sector afectado”, y “el perjuicio a los usuarios del sistema de transporte público de pasajero“.

Cabe recordar que tras la decisión de Milei, tomada como una represalia contra las provincias por el fracaso legislativo de la Ley Ómnibus, el monto de los pasajes aumentaría sustancialmente en todo el territorio nacional, llegando en algunos casos a superar los 1.000 pesos.

“La situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar, con una demanda social exasperante por falta de puestos de trabajo, bajos sueldos, y marcada inflación“, concluyó Sastre.

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