Javier Milei pretende estampar su firma a 13 decretos de desregulación y desguace del Estado antes de que caduquen las facultades delegadas que le otorgó el Congreso, luego de retornar a Argentina de su gira internacional más larga hasta ahora, que incluyó visitas a Israel, Italia, Francia y España.
El presidente Javier Milei regresó el fin de semana a Buenos Aires después de completar su gira más extensa por Europa y Medio Oriente desde que asumió el poder, y espera firmar al menos 13 decretos de desregulación y ajuste antes del 8 de julio, cuando expiren las facultades delegadas que le otorgó el Congreso a través de la Ley Bases.
Más allá de la urgencia administrativa del mandatario y el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también cabe señalar que a su retorno el libertario se encuentra con un país distinto al que había dejado, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada y ocupando un lugar central en la agenda de los medios.
Milei volvió al país con la motosierra bajo el brazo
Los textos normativos que aguardan la firma presidencial fueron elaborados durante su ausencia por el equipo de Sturzenegger y apuntan a profundizar el achicamiento del aparato estatal. Las medidas se concentran principalmente en tres áreas: Salud, Capital Humano y Economía.
Se trata de sectores que ya han sido fuertemente castigados por la administración de Milei. Particularmente, en el area de Salud, el conflicto se avivó en las últimas semanas con las protestas por mejoras salariales para el personal de hospitales como el Garrahan y el Posadas.
Ahora, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quedó en la mira del gobierno y sería uno de los más afectados por estas reformas. El Gobierno planea una reestructuración completa que incluye despidos masivos, venta de propiedades, cierre de sedes y una revisión integral de su modelo de gestión.
Bajo la supervisión del secretario Sergio Iraeta, la institución enfrentará recortes en su financiamiento y una reducción significativa de su planta de personal. La misma lógica se aplicará a otros organismos clave como el Senasa, la ANMAT, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Instituto Nacional del Cáncer.
En el último caso, cabe señalar que el organismo sigue aún sin reglamentación efectiva tras haber sido anunciado para su desregulación hace tres meses. Entre tanto, Sturzenegger viene eliminando funciones de ANMAT (recientemente anunció que la entidad ya no intervendrá en las compras personales de productos de higiene y cosmética).
Alejandro Cacace, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación, defendió estas medidas y adelantó las resistencias que esperan enfrentar. “Los que resisten son los que quieren seguir teniendo ciertos privilegios y son parte de la casta de este país, que se va beneficiando de tener recursos que son de los ciudadanos”, declaró en una entrevista reciente.
Repasando los lugares comunes del oficialismo, también agregó que “hay sindicatos que se llevan siete, ocho o nueve por ciento de la masa salarial de sus trabajadores para el funcionamiento de sus sindicatos, que es más de lo que se aporta para las obras sociales“.
Según un informe interno del Ministerio de Desregulación, actualmente existen 111 organismos bajo la órbita del Ejecutivo, de los cuales 71 son descentralizados. El argumento oficial es la eliminación de “burocracia innecesaria”.
En la Secretaría de Economía, los cambios se focalizarán en las áreas de Transporte, Agricultura e Industria. El oficialismo busca que estos decretos avancen sin pasar por el Congreso, aprovechando los últimos días de vigencia de sus atribuciones extraordinarias.
La carrera contra el tiempo por el ajuste
La urgencia por firmar estos decretos responde a una cuestión legal y política. Si las medidas no se publican antes del 8 de julio, deberán ser tratadas por el Congreso, donde el oficialismo no está seguro de contar con los votos necesarios para garantizar su aprobación.
Más allá del apuro, lo cierto es que cada decreto debe atravesar un proceso legal complejo que incluye revisiones del área jurídica del organismo afectado, el Ministerio de Desregulación y la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal.
Este circuito ha retrasado la salida de muchas decisiones clave, según reconocen fuentes oficiales. Sin ir más lejos, el anuncio de la política para captar “dólares bajo el colchón” a través de la flexibilización de controles debió retrasarse varios días, con versiones cruzadas entre el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vocero Manuel Adorni.
Además, fuentes del Gobierno indicaron que el feriado del lunes por Martín Miguel de Güemes y la situación judicial de Cristina Kirchner podrían postergar el anuncio de algunas medidas. En el equipo de comunicación libertario reconocen que “la agenda pública estará en otro lado”.
Sin embargo, “es ahora o nunca”, admiten en Balcarce 50. La urgencia no es solo jurídica sino también estratégica, ya que el Ejecutivo analiza la posibilidad de publicar algunos decretos aprovechando el menor ruido mediático.
Cabe preguntarse que ocurrirá luego del 8 de julio con el Ministerio de Desregulación. Cuando cesen las facultades delegadas, su rol podría limitarse a tareas consultivas. Sturzenegger ya advirtió que, sin estas herramientas, muchas de las reformas estructurales quedarán en pausa hasta que el oficialismo logre mayorías legislativas.
Por ahora, en el último año la planta de empleados públicos se redujo de 322.000 a 292.000 trabajadores. Además, los sueldos de altos cargos permanecen congelados desde diciembre y el resto de la planta viene sufriendo una caída importante de su poder adquisitivo, con la negativa del gobierno a realizar aumentos por encima de la inflación.
La interna por el desguace de los medios públicos
Paralelamente a estos decretos generales, el Gobierno avanza con un plan específico para desmantelar los medios públicos. Aunque no hay una fecha precisa, se prevé que en las próximas dos semanas se inicie un proceso de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA) para luego continuar con desvinculaciones masivas.
El objetivo oficial es reducir la planta en un 45%. Los números de las desvinculaciones ya circulan entre las autoridades gubernamentales, según indicó el portal Perfil, citando a funcionarios estatales encargados de la medida.
En la TV Pública, donde trabajan 849 personas, se busca desvincular a 153 (18%). En Radio Nacional, la cifra es más dramática: se pretende dejar afuera a 584 de 1169 trabajadores (50%). Los ex empleados de Télam que continúan bajo la órbita de la empresa estatal son 228 y el plan es desvincular a todos.
El plan abarca toda la estructura de RTA: de los 2246 trabajadores quedarán afuera 965 (43%); en Contenidos, las bajas serán de 117 de un total de 127 (92%); y en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU) serán 62 de una dotación de 167 (37%).
Según el oficialismo, la decisión fue impulsada por Federico Sturzenegger, quien habría puesto “el grito en el cielo” al advertir el peso económico de los salarios en el balance de RTA. La explicación oficial es que, al no haber producciones ni contenidos elaborados por decisión de las autoridades, la compañía estatal prácticamente no gasta dinero en otras partidas.
De fondo, la medida se enmarcaría en una interna entre Adorni, y el interventor designado al frente de la empresa estatal, Eduardo Roberto González. En Casa Rosada le reprochan a González su forma de negociar las cuestiones salariales y su falta de compromiso con lo que denominan “la batalla cultural” que pretende dar Milei.
La situación gremial en RTA es una de las razones del descontento oficial con González. El reclamo salarial en la empresa se extiende desde hace meses y, a pesar de que el Gobierno había planteado que no habría paritarias, el interventor habría negociado un aumento del 1% sin consultar con la Secretaría de Trabajo, lo que generó que el conflicto escalara.
“En los medios públicos ya hubo una reducción mediante los llamados ‘retiros’ en 2024 y no solo no sobra nadie, sino que en algunas áreas y para tareas estratégicas falta gente. Ahora estamos con un plan de lucha porque desde agosto tenemos congelados los salarios“, sostuvo el secretario general de Sipreba, el sindicato que agrupa a los trabajadores de prensa.
González tampoco cuenta con la simpatía de los abanderados de la llamada “batalla cultural”. En mayo, los medios públicos fueron motivo de debate cuando se conoció que Paka Paka había adquirido los derechos de “Tuttle Twins”, una serie animada producida por una fundación estadounidense cuya misión es difundir ideas del liberalismo económico extremo.
Sin embargo, hace pocos días el interventor envió un mensaje interno anunciando que se pausaba la nueva programación de las señales, las contrataciones y las producciones, lo que algunos interpretan como distanciamiento de González respecto a este tipo de contenidos.
