Amparado por la Ley Bases, Javier Milei firmó el decreto para privatizar la empresa ENARSA, que controla la generación y distribución de energía, en un proceso que comenzará con la venta de las acciones de la empresa que controla Transener.
A través del Decreto 286/2035, el Gobierno de Javier Milei comenzó oficialmente el proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que comenzará con la venta de las acciones de la empresa que controla Transener.
El decreto, amparado por las facultades que se otorgaron al Gobierno Nacional en el marco de la Ley Bases, autoriza la venta de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, la compañía que se encarga de la transmisión eléctrica en el todo el país.
Puntualmente, se autoriza “en los términos del artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 695/24, el procedimiento para la privatización total de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio de dicha empresa“.
Ésta “se desarrollará por etapas, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”. A través de un comunicado, la Secretaría de Energía explicó que:
“Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica”.
El argumento oficial para avanzar en este sentido es que “la medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos”. “El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación“, remarcaron.
La empresa fue creada en 2004 y cuenta con un portfolio que incluye el 50% de CITELEC, el Gasoduto Néstor Kirchner (renombrado como “Perito Moreno”), las represas en construcción en Santa Cruz, Gasoducto del Noreste Argentino, el 50% de la terminal de GNL de Escobar y a la mayoría accionaria de las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín.
En cuanto a Transener, la compañía dispone de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, sumando los 6.228 kilómetros de líneas pertenecientes a la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba S.A.).
Nuevos tarifazos en el horizonte
El Gobierno también avanza con un esquema que combina un aumento tarifario en el transporte eléctrico. A través del programa AlmaGBA, lanzado en febrero por la Secretaría de Energía, se implementará un sistema donde los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagarán una tarifa diferencial, para financiar nuevas inversiones en infraestructura.
Así, los consumidores costearán las mejoras en la red de transporte a través de la tarifa, bajo el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Además, según rumores en el sector, el Gobierno evaluaría incluir este negocio dentro de un régimen de promoción de inversiones (similar al RIGI), lo que podría otorgar beneficios fiscales al eventual comprador.
Sin embargo, para el Ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta un problema a corto plazo: el impacto que tendrán los tarifazos en la inflación. Hasta ahora, la principal bandera del oficialismo había sido la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Pero la última medición del INDEC marcó aumentos por 3,7%, que consolida una tendencia de aceleración inflacionaria que ya lleva dos meses. Además, se trata del dato más alto desde agosto de 2024.
Peor que el índice general es el dato del aumento de los alimentos, que en marzo se dispararon un 5,9%, empujado por el aumento en la carne y las verduras. Ya en enero el rubro había tenido una suba del 1,8% y en febrero 3,2%.
En este contexto, Casa Rosada decidió postergar la redefinición de tarifas del servicio de gas por 60 días. Así lo anunció el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que dictó una prórroga en las resoluciones finales a través de la Resolución 233/2025.
