La administración de Javier Milei se desprende de la planta de agua pesada de Neuquén y abre las puertas a que quede en manos de inversores privados si la provincia no consigue financiamiento, en lo que a todas luces representa una privatización encubierta.
En paralelo con la privatización de la empresa Nucleoeléctrica, el Gobierno de Javier Milei también avanza discretamente con el retiro del Estado Nacional en industrias clave vinculadas al Plan Nuclear que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Recientemente se conoció un expediente interno de la CNEA en el que se plantea una hoja de ruta para lo que a todas luces es una privatización encubierta. La gestión libertaria pretende entregarle a la provincia de Neuquén (gobernada por Rolando Figueroa) la planta de agua pesada, cuya producción es fundamental para enfriar los reactores nucleares.
Se trata del expediente oficial EX-2025-108936299- -APN-GAAI#CNEA, que lleva la firma de Federico Bernardo Winsnes, asesor administrativo de la comisión de energía atómica, bajo el ala de la Gerencia del Área Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).
Puntualmente, Casa rosada pretende que la CNEA se desprenda de sus acciones en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que opera la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia.
Según estipula la hoja de ruta trazada por Germán Guido Lavalle (titular del organismo) y que firmaría junto a Rubén Etcheverry (representante de la ENSI), la empresa provincial pasaría a ser una sociedad anónima unipersonal para el 1 de noviembre.
Sin embargo, la provincia también deberá conseguir financiamiento para la puesta en marcha y mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada sin apoyo del Estado Nacional. La provincia de Neuquén evaluará la necesidad y en caso de ser necesario dispondrá los avales que puedan requerirse para obtener dicho financiamiento.
Lo llamativo es que la continuidad del contrato de concesión estará sujeto a la concreción del financiamiento necesario antes del 28 de febrero de 2026 (prorrogable a 4 meses). En caso contrario, la CNEA iniciaría un proceso de licitación para entregar la gestión de la planta a otros interesados.
Una privatización encubierta en marcha
Por lo pronto, Etcheverry aseguró que la empresa está negociando con tres bancos para conseguir los 60 millones de dólares necesarios y comentó que hay 5 empresas interesadas en comprar el agua pesada, aunque no aclaró cuales.
Rubén Méndez, delegado de ATE PIAP, explicó que “nosotros creemos que es una privatización encubierta“. “Al ser una sociedad anónima unipersonal, ante cualquier necesidad de inversión fuerte, podrían abrirse a capitales extranjeros. La provincia nunca puso un peso y ahora la recibe de regalo ante el desinterés de la CNEA”, dijo a El Destape.
El desinterés de Milei y su equipo por impulsar el plan de energía nuclear es palpable. Ya el año pasado había paralizado las obras del reactor modular CAREM y más recientemente dejó claro que pretende entregar las operaciones del rubro a empresarios estadounidenses.
Sin ir más lejos, en abril CNEA ya había indicado a las autoridades neuquinas que pretendían rescindir el “Contrato Marco para la operación, administración y mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada”. En el borrador del acuerdo se puede leer:
“Atento al Presupuesto Nacional, la CNEA ha manifestado no disponer de las partidas necesarias para financiar los trabajos de Reacondicionamiento y la Puesta en Operación de la Planta”.
En cuanto a la administración de Figueroa, cabe recordar que en aquel entonces había firmado un acuerdo junto a CNEA y la empresa Candú Energy para la venta de agua pesada. Pese a esto, el contrato nunca se concretó.
Los trabajadores del PIAP se reunieron con Etcheverry la semana pasada, oportunidad en la que el titular de la ENSI les aseguró que no perderían sus puestas de trabajo, pero reveló que la provincia aún no encontró formas de financiamiento para compensar el retiro del Estado Nacional.
Méndez explicó al respecto que “la provincia hoy no cuenta con la plata necesaria para sostener la planta”. “Lo que están pensando sería conseguir tres bancos para reunir el dinero necesario para hacer la reparación de equipos y poner la planta en funcionamiento”, apuntó, y completó:
“Se necesitarían 60 millones de dólares de inversión para una línea de producción, además de contratar otros 150 trabajadores”.
El gobierno congela los fondos para la central nuclear Carem y deja a 570 trabajadores en la calle
Activos estratégicos en juego
En medio del proceso de transferencia de activos estratégicos, Unión por la Patria viene intentando defender Nucleoeléctrica. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones se reunió por primera vez desde marzo de 2015 y aprobó una serie de pedidos de informes al ministro Luis Caputo sobre los procesos de privatización en marcha.
El espacio focalizó sus cuestionamientos en Nucleoeléctrica Argentina, de la cual el Ejecutivo busca desprenderse del 44% de su participación accionaria. El senador José Mayans solicitó conocer los “criterios objetivos” que utilizará la administración para valuarla, y advirtió que trabajará para que “el Poder Ejecutivo revise su posición”.
La diputada Julia Strada fue más contundente en su posicionamiento. Señaló que varias de las empresas que el Gobierno pretende privatizar, incluyendo Nucleoeléctrica, AYSA e Intercargo, generan ganancias.
“Parece que al Gobierno le interesa hacer caja“, denunció la legisladora, quien cerró su intervención advirtiendo: “Espero que esta comisión no se convierta en una escribanía de Caputo“. Aunque los dictámenes de la comisión no son vinculantes, pueden complicar el proceso privatizador si detectan irregularidades o excesos en su desarrollo.
