El gobierno planea reducir la edad de votación a 13 años en un nuevo proyecto de reforma electoral que impulsará en el Congreso, y que incluye varios puntos que había quitado de la ley ómnibus para garantizar el apoyo de la oposición colaboracionista.
Luego de lograr la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno Javier Milei se prepara para enviar al Congreso un proyecto de reforma electoral, que incluya los puntos que el oficialismo debió eliminar de la ley para obtener el apoyo de la oposición colaboracionista.
La iniciativa, que esperan presentar entre los próximos 30 o 40 días, incluiría la eliminación de las PASO, implementar la Boleta Única y listas abiertas, y cambiar la financiación de los partidos. Además, estudia una nueva reducción de edad para votar, que pasaría a ser de 13 años.
El objetivo es aprobar el proyecto antes de diciembre y de cara a las elecciones legislativas de 2025, a sabiendas de que esta es la franja etaria en la que el oficialismo cosecha la mayor cantidad de apoyos, aunque en el oficialismo comentan que “no estamos seguros de que necesariamente sea así”.
Entre tanto, adelantaron que no insistirán en cambio con el sistema de circunscripciones, que contemplaba la primera versión de la ley ómnibus y que generó resistencias de la oposición colaboracionista.
Los jóvenes y las elecciones
Actualmente, el padrón incluye a los jóvenes a partir de los 16 años por una iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A través de la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774 (la ley de Voto Joven), sancionada el 31 de octubre de 2012, se redujo la edad de votación que hasta el momento era de 18 años.
La ley implicó la incorporación de alrededor de un millón y medio de personas al padrón en las elecciones legislativas de 2013, y fue presentada como una forma de ampliar los derechos de las juventudes.
Ahora, aunque en La Libertad Avanza admiten que el tema “aún está verde”, lo cierto es que evalúan reducir aún más la edad. Aunque en este caso su lógica es que “la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad”.
“Lo razonable sería que estén equiparadas“, explican desde el oficialismo, al tiempo consideran que (como es el caso de los menores de 18 años en la actualidad) el voto para esta franja etaria no sea obligatorio. “Lo obligatorio tampoco va con nuestra ideología”, argumentan en Gobierno.
Lo cierto es que, en paralelo con este proyecto, el Gobierno también impulsará un paquete de leyes en materia de Justicia y Seguridad, cuya redacción estuvo a cargo de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
“Venimos a cumplir con una sociedad que no quiere tener impunidad. A partir de ahora el delito y lo peor la muerte tiene consecuencias” y “habrá sanciones a la persona mayor que actúe como instigador, que mandó a un menor a delinquir”, había dicho Bullrich al presentar el proyecto.
En total, son cuatro proyectos dedicados a “abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada”, y entre sus puntos se incluyen modificaciones para el Régimen Penal Juvenil. El objetivo es bajar la edad de imputabilidad a 13 años, por lo que, en caso de aprobarse ambas iniciativas, la edad de votación se reduciría también a 13 años.
“Si te pueden imputar un delito, lo razonable sería que también puedas votar“, comentan desde el entorno del Presidente, y aclaran que “es una idea que tenemos que trabajar“.
“La dirigencia no debería oponerse porque siempre hablan de ampliar derechos y esto sería precisamente eso“, ironizan desde Casa Rosada, y aseguran que la idea de que hay un interés electoral en aprovechar el apoyo de la juventud responde a “prejuicios”.
Eliminación de las PASO
Otra de las modificaciones que pretende discutir el oficialismo es la eliminación de las PASO. Al respecto argumentan que “el Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado”.
Además, aluden a los costos operativos que implican. En las elecciones generales de 2023 fueron de más de 9200 millones de pesos. Si se aprueba el cambio, las instancias de elección serán únicamente la primera y segunda vuelta presidenciales en las elecciones ejecutivas, mientras que las legislativas solo tendrán una fecha de comicios.
Entre sus reformas, el gobierno también planea discutir la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un candidato o partido durante la campaña y para su funcionamiento institucional. Es decir, habilitar a los espacios a recibir donaciones de privados y utilizarlas sin tope ni restricciones.
Estas reformas se discuten en las oficinas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con la participación de Lisandro Catalán, quien quedó al frente de la Secretaría del Interior. Además de discutir con gobernadores y jefes de bloque, también escucha al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también ya había realizado con aportes en la primera versión de la reforma electoral
