Javier Milei tiene preparado un decreto para prohibir el acceso a los documentos de identidad no binarios, pero su “batalla cultural” contra la agenda de género y el feminismo podría derivar en una seguidilla de demandas judiciales contra el Estado.
El Presidente Javier Milei tiene pensado prohibir por decreto el acceso a los documentos de identidad no binarios, aprobados en 2021. En caso de concretarse, la medida impediría que una persona pueda solicitar que en la categoría “Sexo” de su DNI figure una “X” en lugar de una “F” o una “M”.
Sin embargo, su avanzada contra la agenda de género podría derivar en una catarata de reclamos judiciales, ya que para impulsar una medida de estas características debería derogar la ley 26.743, sancionada en 2012, algo que iría en contra de la Constitución y distintos tratados de Derechos Humanos a los que adhiere Argentina.
Según consignó el portal Letra P, el decreto en cuestión ya estaría preparado y a la espera de la firma de Milei, quien lo rubricaría en los próximos días para avanzar con su publicación en el Boletín Oficial.
Cabe señalar que el último censo reveló que 8.293 personas se autoperciben como no binarias en el país. De ellas, alrededor de 1.500 pidieron que se dé cuenta de esto en sus documentos, y serían afectadas por una medida de estas características.
Esta opción se incorporó mediante el Decreto 476/2021, sancionado en 2021 durante la administración de Alberto Fernández, con el que se modificó el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en línea con la Ley de Identidad de Género, que reconoce la identidad de género como autopercepción y no como una característica biológica.
Argentina no es el único país que reconoce oficialmente identidades por fuera del sistema binario. La lista incluye a países como Alemania, Canadá, India y algunos estados de Estados Unidos (como Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania).
Cruzada contra la agenda de género
La iniciativa se enmarca en la profundización de la batalla cultural que Javier Milei viene librando contra la agenda de género y el feminismo, y que hasta el momento implicó decisiones como:
- Prohibir del uso del lenguaje inclusivo y la aplicación de la perspectiva de género en la administración pública nacional
- Disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, desfinanciando sus programas de protección para víctimas de violencia
- Despedir al personal especializado en trata de personas, parte del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas
- Eliminar del Presupuesto 2025 todas las políticas dedicadas a prevenir la violencia hacia las mujeres (como el programa Acompañar y la línea 144)
- Recortar en un 78% el presupuesto destinado en 2025 al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)
- Disolver el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
- Prohibir que las personas detenidas soliciten el traslado de penal por cambio de identidad de género
A contramano de la Constitución Nacional
Una vez publicado el decreto en cuestión, ninguna persona podrá pedir cambios en su DNI, algo que garantizaba la Ley de Identidad de Género. Es por esto que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez apunta que para avanzar en este sentido el Gobierno deberá derogar dicha ley.
Sin embargo, esto implicaría ir en contra de la Constitución Nacional y varios tratados de derechos humanos a los que adhirió Argentina. Además, remarcó que el Estado no puede desconocer los documentos ya emitidos. Al respecto, explicó que:
“La Constitución y los tratados internacionales reconocen la identidad de género como un derecho, por eso no se puede eliminar con un simple decreto, porque no sólo va en contra de la ley, sino que sienta un precedente regresivo respecto a la consolidación de un derecho adquirido como este”
Entre tanto, la activista no binaria Manu Mireles explicó que la medida va “no sólo en contra de un derecho fundamental, que pone en riesgo la identidad de las personas, sino que también pondría en jaque a la democracia, porque no existe democracia posible si todas las personas que la hacemos posible somos parte”.
La co-fundadora de la organización Mocha Celis y docente de UBA y UNTREF agregó que el Gobierno Nacional “ha demostrado a través del desfinanciamiento de otras políticas de género que es profundamente homoodiante y transodiante”.
