La expresidenta soprendió a todos con un pedido inesperado. Cristina apura a Bonadío y le pide ir a juicio oral por irregularidades en la causa de los cuadernos, o mejor dicho, de las fotocopias de los cuadernos. Fue a través de un pedido formal al juez de federal de Comodoro Py.
A través de un escrito presentado por Carlos Beraldi, su abogado defensor, precisa que el pedido tiene su motivo en “la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar” la serie de “ilicitudes” llevadas adelante en la investigación. Además considera “imprescindible” pasar al juicio oral para exigir allí, “una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna”.
“En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional”.
El repaso de las irregularidades en la causa de los cuadernos
Los supuestos cuadernos de Oscar Centeno
El abogado defensor, Carlos Beraldi, realizó un repaso del caso de la causa fotocopias. “La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno” indicó.
Además, agregó que “según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot” y tras eso, “el juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de forum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente”, a partir “un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado”.
El escrito también agrega que “los supuestos cuadernos nunca aparecieron, y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos” aunque “insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018”. Además, señala que “pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público”.
El repaso de Beraldi continúa precisando que entonces “Centeno habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa”, hecho a pesar del cual”pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad”. Concretamente, Centeno ya pidió su sobreseimiento para no llegar a juicio oral.
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Detenciones arbitrarias y la utilización política de la Ley del Arrepentido
El relato del defensor de Cristina continúa recordando que “como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304”, es decir, de la Ley del Arrepentido.
Esta misma ley “terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada”, afirmó en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.
De este modo “decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido” expresó Beraldi.
La omisión del registro audiovisual de las declaraciones de los arrepentidos
Beraldi manifestó que “en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el artículo 6 de la ley 27.304″, pero “como la mentira tiene patas cortas quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas”, y hasta se encontraron contradicciones entre ellas.
Además criticó el efecto de este obrar ya que “la reacción no fue otra que la de bloquear la posibilidad de que potenciales testigos de estas ilicitudes prestaran declaración, fabricándose una falsa imputación de que todo esto era una maniobra para que el titular de este Juzgado fuera despojado de la causa”.
“Preparado así el terreno y como era de esperar, se dictó un acto de procesamiento en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente por el supuesto delito de asociación ilícita (multiplicado de manera obscena), con el aditamento de imponerle como medidas cautelares la prisión preventiva y un embargo multimillonario para dar a estas maniobras la repercusión pública perseguida”.
El abuso del accionar judicial como método de persecución política
Beraldi también plantea que “a todo ello se le adicionó una nueva práctica ilegítima, consistente en conformar nuevas causas conexas, multiplicar la misma imputación y dictar nuevos procesamientos en contra de mi representada aunque no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas”.
Finalmente, Beraldi enfatiza que “en otro capítulo de la saga de ensañamientos protagonizados en este proceso se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos”.
“Así las cosas y frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia el juicio oral”.
