El fiscal federal Carlos Rívolo pidió cerrar la investigación y mandar a juicio oral a diez acusados de haber atentado contra la sede del Congreso Nacional el 10 de marzo pasado, en el que resultó destrozado el despacho de Cristina Kirchner.
El hecho ocurrió cuando la Cámara de Diputados analizaba el acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y cascotes contra la sede e incluso tiraron bombas molotov que llegaron a quemar a un efectivo de la Policía de la Ciudad.
La fiscalía entendió que los hechos investigados excedieron el derecho a la protesta y “ameritan reproche en sede penal“. Entonces, dio por concluida la investigación y solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que envíe el caso a sorteo de un Tribunal oral.
La Presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, es querellante en esta causa, a partir de que el despacho de la Vicepresidenta en la Cámara alta fue blanco de piedrazos e impactos de pintura, en un atentado que también causó destrozos en el interior de esa oficina.
“La agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores” expresó en su momento la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación, y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, “recién pudieron ser evitados a partir de las 15:21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, había detallado Peñafort.
En la causa que tramita ante el fuero federal se investiga el ataque al Congreso bajo el supuesto de que el objetivo de la pedrada pudo haber sido el de interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado.
Varios de los diez acusados habían sido procesados por Capuchetti en abril de este año, por intimidación pública y daño calificado, en una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal porteña.
En tanto, el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Norberto Circo, tramita otro expediente en el que se investiga lo que ocurrió fuera del Congreso, pero bajo el prisma de los daños provocados al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos con la policía porteña.
Los daños al edificio histórico del Congreso fueron valuados en unos 6,3 millones de pesos contra el patrimonio cultural, mientras que la Ciudad estimó en 7,5 millones los daños contra la vía pública. Las piedras y las dos bombas molotov hirieron a siete agentes policiales.
Según el escrito entregado a la jueza María Eugenia Capuchetti, Rívolo acusó a Jonatan Emanuel García, José Horacio Fernando Castillo, Leonardo Marcelo Cáceres, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julio Valdés, Walter Gabriel Núñez, Exequiel Darío Paz, Oscar Ramón Santillán, Julián Claudio Lazarte y Sebastián Esteban Franco de esos incidentes. Todos ellos ya se encuentran con procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Los delitos en juego son “daño agravado” y “resistencia a funcionarios públicos en el legítimo ejercicio de sus funciones”. El daño agravado tiene un máximo de 4 años de cárcel. La resistencia, un año de máximo.
