En las últimas dos semanas, la Patagonia argentina ha enfrentado una de las peores crisis ambientales de los últimos años. Mientras más de 15.000 hectáreas de bosques nativos arden en llamas, tres mil pobladores fueron evacuados de emergencia y brigadistas luchan contra el fuego con recursos escasos, el Gobierno nacional de Javier Milei ha profundizado sus recortes presupuestarios en prevención de incendios a niveles nunca registrados, según revelan documentos presupuestarios y denuncias de organizaciones ambientalistas.
La magnitud de la catástrofe
El incendio más destructivo comenzó el lunes 5 en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, en la Comarca Andina de Chubut. En apenas 48 horas consumió 1.800 hectáreas. Una semana después, la cifra ascendía a más de 12.000 hectáreas arrasadas, obligando a cortes totales de la Ruta Nacional 40 —arteria vital para la región— y a la evacuación masiva de residentes y turistas.
Al menos diez viviendas fueron destruidas en Puerto Patriada, con decenas más dañadas en zonas adyacentes. Un brigadista voluntario resultó internado en terapia intensiva con quemaduras que afectan el 54% de su cuerpo.
El fuego no es un fenómeno aislado. La Patagonia registró apenas en los primeros días de 2026 lo que Greenpeace Argentina calificó como “otra postal trágica”: incendios en el Parque Nacional Los Alerces, en Santa Cruz, en territorios de Neuquén y Río Negro. En total, desde mediados de diciembre pasado hasta la fecha, los bosques andino-patagónicos han perdido más de 15.000 hectáreas.
Para contextualizar la envergadura: en la temporada de incendios 2024-2025 (octubre a marzo), la región sufrió 31.722 hectáreas afectadas, cuatro veces más que los años anteriores. Los científicos advierten que esta tendencia creciente podría multiplicarse por seis hacia fines del siglo XXI.
El desfinanciamiento sistemático: ¿motosierra o lanzallamas?
Mientras el fuego avanzaba sin control, un hecho pasó casi desapercibido en los medios nacionales: la administración Milei formalizó mediante el Presupuesto 2026 los mayores recortes en la historia de la política de combate de incendios forestales en Argentina.
La partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) quedó fijada en $20.131 millones para 2026. En términos reales, esto representa una caída del 69% respecto de 2023 y del 78,5% en comparación con 2025. No es una reducción aislada: forma parte de una estrategia sistemática de desfinanciamiento ambiental que convierte a la Subsecretaría de Ambiente en un organismo prácticamente descartable dentro de la estructura estatal.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) constató que la función de ecología y medio ambiente recibirá apenas el 0,14% del presupuesto nacional total. Peor aún: la protección de bosques nativos, que debería representar el 0,3% según la Ley 26.331, apenas accede al 0,0107%.
Las consecuencias operativas son inmediatas y demoledoras. Las horas de vuelo para medios aéreos de combate y apoyo pasarán de 5.100 programadas en 2023 a apenas 3.100 en 2026. Los informes de alerta temprana y evaluación de riesgo de incendios —herramientas clave para la prevención— caerán de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026. Mientras la temperatura global sube y la sequía se intensifica, Argentina invierte menos recursos prevenir los peligros.
La subejecución como política de gobierno
El desfinanciamiento va más allá del presupuesto proyectado. En 2024, el Gobierno nacional utilizó apenas el 22% de los fondos asignados al SNMF, según datos de la propia administración. En 2025, dejó sin ejecutar el 25% de los recursos presupuestados, aproximadamente $20.000 millones que nunca llegaron a equipamiento, infraestructura ni capacitación de brigadistas.
Esta subejecución sistemática no es accidental. Múltiples fuentes vinculadas con la gestión ambiental señalan que forma parte de una estrategia deliberada de ajuste fiscal que no distingue entre gasto corriente e inversión en prevención.
Brigadistas, precarizados en emergencia
Mientras el fuego avanza, los trabajadores que lo combaten soportan condiciones laborales cada vez más deplorables. Los brigadistas de Parques Nacionales cobran entre $650.000 y $850.000 mensuales en términos nominales, cifra que está muy por debajo de la canasta básica estimada para la región patagónica. Un brigadista que trabaja Parques Nacionales en la zona centro gana alrededor de $610.000, mientras que en Patagonia llega a $850.000, pero ambos salarios resultan insuficientes considerando el nivel de riesgo.
La reducción presupuestaria se traduce directamente en deterioro de condiciones de trabajo. “La caída del presupuesto degrada todas las tareas del año, no solo el combate”, explica Alejo Fardjoume, trabajador de Parques Nacionales, en referencia al equipamiento deficiente, herramientas obsoletas y jornadas extenuantes.
Fabian Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, expresó públicamente la angustia del sector: “Nuestra situación es precaria y no tiene resolución hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde.”
Su reclamo no encontró respuesta del Gobierno nacional, aunque sí mereció un comunicado de felicitaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien agradeció a brigadistas y bomberos “que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos”, sin reconocer su situación laboral.
La intención de derogar la Ley de Manejo del Fuego
El ajuste presupuestario es apenas la punta del iceberg. En diciembre, Manuel Adorni anunció que el Gobierno de Milei procurará derogar la Ley de Manejo del Fuego (Ley 27.520), aprobada en 2020. Esta norma establece una prohibición de 30 a 60 años para cambiar el uso de las tierras afectadas por incendios forestales, un mecanismo pensado para evitar la explotación inmobiliaria o productiva de territorios quemados.
El anuncio revela una lógica inquietante: mientras se desfinancia la prevención, se intentan eliminar los mecanismos legales que impiden la especulación con tierras quemadas. Si bien el Gobierno no ha fundamentado públicamente esta iniciativa, la coincidencia de ambas medidas sugiere una visión donde los incendios forestales representan una oportunidad de reordenamiento territorial favorable a inversores y desarrolladores inmoviliarios.
La brecha entre discurso oficial y realidad judicial
Las investigaciones sobre el incendio de Puerto Patriada avanzan lentamente. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que encontraron combustible en el sitio donde se inició el fuego. Sin embargo, esto es prácticamente todo lo que el sistema judicial ha acreditado hasta el momento.
En contraste, el discurso político del gobierno nacional construyó una narrativa muy diferente. El Ministerio de Seguridad Nacional anunció que “indicios preliminares” apuntaban a grupos “autodenominados mapuches” a quienes se atribuían “antecedentes de atentados contra la seguridad pública” bajo la modalidad de “terrorismo ambiental”. Esta hipótesis ocupó titulares nacionales durante días, impulsada por comunicados oficiales y declaraciones públicas de funcionarios.
Sin embargo, el fiscal Díaz Mayer fue explícito en desmentir esta narrativa. En declaraciones a Radio Rivadavia, descartó categóricamente la participación de grupos radicalizados: “Te descartaría lo que está dando vueltas que habría algún grupo radicalizado, en este caso no tendrían nada que ver con el inicio del fuego”. El fiscal reconoce que la investigación enfrenta dificultades enormes: “Nadie va a avisar que va a prender fuego. En el medio de la nada no tenemos forma de tener una cámara de seguridad ni testigos”.
La discrepancia revela un patrón político: mientras el gobierno nacional amplifica una teoría sobre “terrorismo ambiental” con fines de comunicación política, la justicia provincial trabaja con evidencia material limitada y sin poder acreditar la narrativa oficial. Múltiples líneas de investigación permanecen abiertas, pero ninguna ha sido probada en sede judicial.
Especialistas advierten que esta estrategia de atribución política puede desplazar la discusión desde las causas sistémicas de los incendios. Investigadores del CONICET y especialistas independientes señalan que los incendios intencionales representan una minoría en la Patagonia. Según estudios citados por la Agencia Presentes, la mayoría ocurren por negligencia: líneas eléctricas mal mantenidas (responsabilidad de empresas provinciales), quemas agrícolas descontroladas, campamentos desatendidos. En Chubut específicamente, muchos incendios se relacionan con la falta de mantenimiento de infraestructura eléctrica.
El investigador Javier Grosfeld, doctor en Biología del CONICET y ex director del Plan Estratégico de Manejo de la Reserva Forestal Lago Epuyén, ofrece una perspectiva: “Los incendios intencionales son la minoría de los incendios en Patagonia Norte. Si uno hiciera un ranking, la mayoría son por negligencia.” Grosfeld advierte además que los recursos se ven sobrepasados ante la magnitud: “Cuando ocurren este tipo de incendios de tal magnitud, ya sea en Argentina, en Canadá o en Grecia, los recursos se ven sobrepasados.”
El alivio climático que no es suficiente
El domingo 11 de enero llegaron las primeras lluvias a la zona, un alivio que algunos describieron como “divino” en redes sociales. Las precipitaciones redujeron la intensidad del fuego y permitieron que brigadistas y bomberos trabajaran con mayor seguridad cerca del perímetro de incendios.
No obstante, especialistas advirtieron que se necesitaba una caída sostenida de entre 20 y 30 milímetros de agua para considerar los focos como verdaderamente contenidos. Las lluvias del fin de semana apenas proporcionaron un respiro temporal. Con las temperaturas volviendo a subir y nuevas condiciones climáticas adversas anunciadas para la próxima semana, el panorama sigue siendo frágil.
La pregunta política de fondo y desalentador panorama
La Patagonia arde mientras el Gobierno nacional reduce inversión en prevención. No es una coincidencia que llame la atención: es una contradicción que demanda explicación política.
Durante dos años, el gobierno de Milei ha impuesto un ajuste fiscal sin precedentes en sectores de política social, ambiental e institucional. Ambiente fue degradado de ministerio a subsecretaría, simbolizando su lugar marginal en las prioridades gubernamentales. El recorte de casi 80% en fondos para manejo de fuego no es un error administrativo sino una decisión consciente, reflejada en el presupuesto oficial.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y otros mandatarios provinciales han mantenido y hasta aumentado sus recursos para combate de incendios, demostrando que la restricción es federal, no provincial. Las provincias patagónicas mantuvieron valores constantes en sus presupuestos destinados a control de incendios.
Organizaciones ambientalistas, desde Greenpeace hasta la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, han denunciado públicamente la “inacción climática estatal” como responsable de la magnitud de la crisis. Advirtieron que la tendencia de desfinanciamiento ocurre justamente cuando el cambio climático intensifica sequías, aumenta temperaturas y acelera ciclos de incendios forestales.
Los datos sugieren un futuro complejo para la gestión de incendios en Argentina.
Especialistas ambientales advierten un escenario crítico. Mientras que hace una década se registraba un incendio forestal importante cada diez años en la Patagonia, los últimos años muestran cuatro o cinco grandes incendios anuales. Esta tendencia se acelera justamente cuando el Estado nacional reduce su presencia operativa y presupuestaria en prevención y control.
Brigadistas continúan trabajando con salarios depreciados y equipamiento insuficiente. Poblaciones rurales siguen siendo evacuadas cada verano. Especies de árboles milenarios y ecosistemas únicos desaparecen en las llamas, mientras investigaciones de causas avanzan lentamente y las políticas preventivas brillan por su ausencia.
Los ciudadanos enfrentan un gobierno que dispara dos mensajes contradictorios: por un lado, anuncia con énfasis la búsqueda de “culpables” de incendios; por el otro, desfinancia sistemáticamente la prevención y busca eliminar regulaciones que impiden la especulación inmobiliaria post-incendio. En tanto, la Patagonia sigue ardiendo.
