Ayer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, para que ninguna mujer muera por realizarse un aborto en condiciones clandestinas. Rápida de reflejos, la cúpula de la Iglesia Católica convocó a una misa para que el aborto siga siendo clandestino e ilegal.
La Conferencia Episcopal Argentina tendrá su misa el próximo domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en un gesto de desafío no sólo a la soberanía democrática de las y los argentinos, sino también al colectivo feminista.
El lema del ritual será “Sí a las mujeres, sí a la vida”, al tiempo que obispos exigirán “la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, un dogma de inversión reciente y que no se encuentra en los grandes teóricos como San Agustín o Santo Tomás.
La CEA está integrada por el cardenal Mario Poli, el monseñor Oscar Ojea y el obispo de Mendoza, Marcelo Colombo, los tres cercanos al Papa Francisco. En el comunicado expresan:
De este modo, la Iglesia Católica vuelve a mostrar su esencia teocéntrica y su pensamiento totalitario, amenazando a Alberto Fernández por escuchar la demanda del colectivo de mujeres.
Alberto Fernández había manifestado su intención de sancionar una ley que “termine con la penalización del aborto y permita la atención en los centros de salud pública”.
“No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagarlo y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando”.
La situación recuerda lo sucedido en 2010, cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. El entonces cardenal Jorge Bergoglio llegó a convocar a una “guerra de Dios” contra la aprobación de la ley.
En ese entonces, fue el expresidente Néstor Kirchner quien lo puso en su lugar recordándole que “cuando se tiene que presionar es porque se tienen muy pocos elementos para convencer” y remarcando la necesidad de que el país deje “definitivamente visiones discriminatorias y oscurantistas”.
