A pesar de las infundadas denuncias de “persecución” por parte de Mauricio Macri sobre la quiebra del Correo Argentino S.A., sus tres hijos mayores vendieron sus acciones en Socma (que el ex presidente ya les había cedido) a su tío Gianfranco, por lo que la quiebra y su posible extensión a la empresa familiar difícilmente los afecte. Ese traspaso no habría sido informado ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Según reveló El Diario AR, las acciones de Socma están repartidas entre Gianfranco (40%), sus hermanos Florencia (20%) y Mariano (20%), y Rodrigo y Franco Valladares(10% cada uno), los hijos de la fallecida Sandra Macri.
Gianfranco llegó a esa cifra tras adquirir el 20% de los hijos de Mauricio, en una maniobra que alimenta las sospechas de su hermano Mariano respecto a que es el “testaferro” del ex presidente. El menor de los hermano los acusa de haber vaciado la empresa.
De acuerdo a la mencionada nota, esta arquitectura accionaria y las características propias del proceso hacen casi imposible que la Justicia pueda avanzar contra los hijos del dirigente del PRO, como él mismo denunció, aún si se lograra el deseo de Zannini de extender la quiebra a Socma. Así lo explican especialistas en este tipo de procesos. Con lo que la falsa acusación de “persecución” se cae por el propio peso de la realidad.
Durante su gestión, el ex presidente había buscado los caminos para cerrar el litigio, incluso con una oferta considerada irrisoria que terminó con varios funcionarios denunciados por aceptarla.
El rol del Procurador en el caso es clave y Macri incluso echó a Carlos Balbín por ir en contra de la estrategia del gobierno, que era la misma que la del grupo empresario.
Apenas asumió en su cargo, Zannini puso en marcha la estrategia para llevar el proceso hacia la quiebra de Correo Argentino SA y pidió rápidamente la intervención de la firma por vaciamiento, algo que la jueza resolvió en marzo del año pasado. El procurador sostuvo que el objetivo del gobierno es recuperar 300 millones de dólares que los Macri le deben al Estado argentino.
