El presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri el 31 de octubre de 2017, tan sólo dos días antes de ratificar un procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner, por haber supuestamente favorecido a Lázaro Báez.
Además, otro integrante de la misma Cámara, Eduardo Riggi, fue denunciado por realizar una maniobra destinada a impedir el desarrollo de la causa que investiga la mesa judicial que Macri utilizó para perseguir y encarcelar opositores.
Hornos, un juez a pedido
El diputado nacional Martín Soria difundió que en 2017, Hornos se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri en su oficina de Casa Rosada. La información, que se desprende de los registros oficiales, señala que el camarista se reunió con Macri el 31 de octubre de ese año.
Dos diás después de la reunión, el juez ratificó un procesamiento contra la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestamente haber favorecido a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez.
“¿Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? ¿Sería un escándalo, no? Pero el juez Gustavo Hornos (Casación Penal) visitó a Macri antes de procesar a Cristina Kirchner y nadie se enteró”, twitteó Soria.
¿Se imaginan a un juez reunido con @alferdez en @CasaRosada antes de dictar un procesamiento contra #Macri? ¿Sería un escándalo, no? Pero el juez Gustavo Hornos (Casación Penal) visitó a Macri antes de procesar a @CFKArgentina y nadie se enteró.
#MacriAlHornos #LawfareAlPalo pic.twitter.com/XJk1majyUR
— Martin Soria (@MartinSoria_) February 8, 2021
Riggi, garante de la impunidad
Por su parte, el camarista Eduardo Riggi está señalado por realizar maniobras tendientes a asegurar la impunidad de Mauricio Macri. La semana pasada, Riggi fue denunciado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por Carlos Beraldi.
Riggi está acusado de haber ejecutado una maniobra para impedir el avance de la causa que investiga la persecución político-judicial contra el Grupo Indalo. Además, en 2018, Riggi y Hornos dispusieron que los dueños del grupo, Cristóbal López y Fabián De Sousa volvieran a prisión.
En representación de De Sousa, Beraldi señaló que Riggi buscó quedarse con todo el expediente para frenar el entrecruzamiento de llamadas entre Mauricio Macri y el resto de los integrantes de la mesa judicial. Se trataba de una medida de prueba solicitada por los denunciantes y a la que la defensa de Macri se opuso duramente.
“(Riggi) pidió el expediente en forma física, lo cual implicaba que se tuvieran que suspender las declaraciones testimoniales” que ya estaban en marcha, explicó Beraldi a Radio 10.
“Frente a esta actitud que el magistrado Riggi adoptó, que no tiene ningún fundamento legal, y se contrapone con lo que él había hecho en una causa anterior, estamos en presencia de lo que puede constituir un mal desempeño”, agregó.
Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade señaló que “Riggi fue el que resolvió el encarcelamiento de dos personas que luego, dicho proceso fue denunciado por ambas, y esta investigación está siendo paralizada y obstruida por el mismo juez que los encarceló”.
“Riggi viene cometiendo delitos desde hace un montón de años. Antes de ser juez de casación ayudó a Macri en la causa de contrabando. Está muy claro el nivel de involucramiento con Mauricio Macri que tiene Riggi” agregó Tailhade.
