La candidata a diputada nacional por Juntos, Graciela Ocaña, pidió que el gobierno nacional suspenda los contratos para la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V, de probada eficacia contra el coronavirus.
En diversas entrevistas, Ocaña solicitó que de modo preventivo se suspendan las vacunas rusas, hasta que las agencias de control europeas o de la OMS den su aprobación final.
“Sería conveniente suspender las compras y suspender toda la elaboración de estas vacunas e ir a vacunas que están aprobadas, incluso como puede ser la de Astrazeneca como Moderna, las vacunas chinas que también están aprobadas por la OMS”, afirmó Graciela Ocaña.
Las escandalosas declaraciones de la compañera de Diego Santilli en la lista de Juntos, se dan cuando en el país hay más de 11 millones de argentinos y argentinas que ya tienen aplicadas una o dos dosis de la vacuna Sputnik V.
Además, se enmarcan en la disputa geopolítica que mantienen Estados Unidos y Rusia, siendo que el país americano acaba de anunciar que no permitirá el ingreso a su territorio de turistas vacunados con Suptnik V.
En respuesta a la decisión estadounidense, el Fondo Ruso de Inversión Directa que desarrolló la vacuna rusa, respondió que la misma “ha sido aprobada en 70 países en los que viven más de 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población mundial“, y que “su eficacia y seguridad han sido confirmadas tanto durante los ensayos clínicos como a lo largo de su uso en el mundo real en varios países”.
Desde que se alejó del kirchnerismo, luego del ineficiente rol que tuvo como ministra de Salud del primer gobierno de Cristina Kirchner, cuando debió manejar uno de los peores brotes de dengue de la historia argentina y la peor gestión de la pandemia de la gripe porcina, Ocaña cruzó de vereda para crear su figura de “luchadora contra la corrupción“.
Entonces, en las filas de Juntos por el Cambio, la politóloga comenzó con sus campañas de denuncias a funcionarios del peronismo. La peor de ellas tal vez haya sido contra los creadores del Plan Qunita, los entonces funcionarios de la cartera sanitaria nacional Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros.
La denuncia que realizó Ocaña por sobreprecios en la compra de los insumos que entregaba el Plan Qunita, y que realizó con una absurda recorrida por los barrios de Once para comparar precios, derivó en el procesamiento de 18 funcionarios, quienes estuvieron embargados hasta el 2021 cuando se comprobó la inexistencia de delito.
Pero la peor parte la llevaron las madres que no recibieron la asistencia de un comprobado eficaz programa de reducción de las muertes infantiles por colecho, el cual fue galardonado y replicado en varios países del mundo. Al absurdo tal que hasta se pidió quemar las cunas, los ajuares y los moisés que entregaba dicho Plan, y que fue restituido por la actual gestión nacional.
