El gobierno del Frente de Todos publicó el DNU que convierte los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en “incentivos para la contratación” bajo la forma de “empleo asalariado registrado en el sector privado”.
Así lo dispuso a través del Decreto 711/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
Además de los acuerdos sectoriales, el Gobierno preparaba una estructura legal para que las empresas contraten a beneficiarios de planes sociales. Con los sindicatos y patronales ya había alcanzado concertaciones con los rubros de la construcción, gastronomía, hotelería y textiles.
“El dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular“, había aclarado el Presidente en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dos semanas atrás. “El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce“, precisó. “No vamos a terminar con los planes sociales, pero debemos recuperar la cultura de trabajar” fue una de los pasajes que más ilustraron esta decisión.
El boletín oficial de hoy lleva el decreto 2021-711, a través del que el Presidente les instruye a los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social modificar los programas de formación, empleo e intermediación laboral. Será:
“Con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.
El segundo artículo de esta resolución presidencial plantea que la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial. La forma, plazo, condiciones y otros detalles se determinarán de forma individual para cada sector.
“En casos particulares podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada” precisa.
El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadores que puedan ser incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos ministerios.
“En los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”, detalla el decreto simple.
Adicionalmente, los ministerios a cargo de Juan Zabaleta y Claudio Moroni deberán elaborar un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen en cada sector económicos, todo beneficiario de una prestación asistencial “se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.
En caso de desvinculación laboral, los beneficiarios tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa. El requisito será que deberán contar con no más de doce meses de aportes al Sistema de Seguridad Social dentro de los dos años previos al cese del contrato laboral.
En el caso de que el cuenten con entre ocho y doce meses de aportes dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral, el Presidente prevé que “los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo”.
Por último, el decreto establece que quedarán afuera de todos los programas que se establezcan las empresas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
